Editorial

Monterrey o Macuspana

En México hay una clara dicotomía entre estados que crecen y se han integrado a una prosperidad norteamericana, mientras otros se parecen más a nuestros vecinos centroamericanos. ¿Hacia cuál realidad convergiremos?

El problema de México no es la falta de crecimiento. Hay estados que participan en cadenas de abasto globales (San Luis, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro) y otros incapaces de atraer inversión privada (Tabasco, Campeche, Oaxaca) por falta de infraestructura, por un ambiente hostil o por carecer de una población con habilidades mínimas para ser empleable. México no es atractivo por sus bajos salarios. Si eso fuera, Oaxaca sería Nuevo León. Lo atractivo es que tenemos buenos ingenieros y trabajadores que aprenden rápido, pero no en todas partes.

Este gobierno busca normalizar la pobreza y quiere normalizar la mediocridad. Si la brecha entre ricos y pobres se cierra empobreciendo al rico, estamos perdidos. Si la brecha regional se cierra quitándole competitividad al próspero, también lo estamos. En 100 días, el gobierno de López Obrador ha contribuido a que en unos años todo México sea Tabasco. El sur es el gran perdedor por la cancelación del Nuevo Aeropuerto. Por años, no habrá capacidad para conectar desde la capital a ciudades medias que se beneficiarían de una mayor frecuencia de vuelos. Además, perdimos la posibilidad de tener un hub estratégico de carga internacional, cuando las cadenas de valor globales se han acortado.

México pierde la oportunidad de competir con países asiáticos en medio de dos tendencias importantes, el reshoring, como se le llama a que regresen a Estados Unidos plantas de empresas estadounidenses en el extranjero, buscando que la producción reaccione más rápido a cambios en la demanda; y el near-shoring, que busca al menos producir geográficamente cerca de Estados Unidos, donde México es un destino atractivo.

Se ha promovido una relación sindical más contenciosa, bajo la errada hipótesis de que las amenazas de huelga estimulan aumentos de sueldos. Como acertadamente comentó Carlos Elizondo (“La lucha de clases hoy”, Excélsior, marzo 7), Morena pretende construir un nuevo movimiento obrero sobre una legislación laboral que no permite competir en un contexto global. Los paros en Matamoros son, además de ilegales, devastadores. Para industrias como la de autopartes (altamente sensible a entregas a tiempo), que exporta 90 mil millones de dólares al año, nuestra estabilidad laboral era crucial. En México se producen partes que se integran puntualmente a largas cadenas de valor mutinacionales. Un paro provoca que toda la cadena se detenga, imposibilitando la entrega a tiempo de un automóvil terminado.

Los paros provocarán desinversión y cierre de plantas. Miles de trabajadores quedarán desempleados y se incorporarán a la economía informal, en el mejor de los casos; migrarán, o se emplearán con el crimen organizado, en el peor. La brecha entre norte y sur se cerrará restándole competitividad al norte, empobreciéndolo.

México no se desarrollará porque el gobierno incremente gasto social. Lo hará cuando genere las condiciones para que la inversión privada nacional y extranjera prosperen, y para que los jóvenes aprendan a emprender. Como dijera Margaret Thatcher, el problema con el socialismo es que al gobierno eventualmente se le acaba el dinero de los demás. Lo subrayo. Este gobierno, como cualquier otro, sólo “invierte” lo que antes le quitó a individuos o empresas en forma de impuestos. Si además gastan mal, en refinerías por capricho o en trenes absurdos, el daño es doble.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los problemas sociales aumentan y no hay quien los resuelva. Ciertamente son problemas que tienen un tufillo político, a alguien le benefician, pero la que sale raspada es la sociedad, que tiene que soportar bloqueos, manifestaciones y berrinches, de gente que pide lo que se le antoja, tratando de doblar a las autoridades, y sin ceder ni un ápice en sus demandas.

Es el caso de los empleados sindicalizados del Congreso local, quienes ayer cumplieron una semana en paro laboral, exigiendo el 13 por ciento de incremento directo a su sueldo. Y aunque se les dice que no hay recursos suficientes para esta exigencia, que demandaría unos 10 millones de pesos adicionales, pues les vale un cacahuate y ellos están montados en su mula bronca Como comparativo, en la pasada Legislatura solamente les dieron 3 por ciento de incremento, y ahora les ofrecen 5 por ciento, pero no les embona, porque el aguinaldo se tasa precisamente con base en el sueldo base, y ellos gozan de 90 días (3 meses), así que mientras más ganen de manera directa, entonces más recibirán al final del año.

También les ofrecen 6 por ciento de incrementos a sus prestaciones, pero tampoco eso les embona.

Le cuento, amable lector, de qué gozan los empleados del Congreso, que además por ser de base son sempiternos. Llegue quien llegue a dirigir los destinos del Poder Legislativo, ellos están ahí.

Veamos. Según cita Francisca Meza en una de sus notas, “como parte del pliego petitorio de los trabajadores del Congreso del Estado que permanecen en paro, la administración ya autorizó para este año uniformes para empleados, útiles escolares para sus hijos que estudien educación básica y equipo de seguridad para los de mantenimiento.

“Los agremiados a la Sección 55 del SUSPEG tendrán un incremento en los bonos del Día del Niño, Día de las Madres, Día del Padre, de la Secretaría y para los trabajadores con discapacidad, además de apoyo para defunciones.

“Se informó que tan sólo el bono del Día de las Madres de este año, fue de 8 mil 500 pesos para todas las madres trabajadoras del Congreso.

“Según las declaraciones que ha dado el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Antonio Helguera Jiménez, el incremento en esas prestaciones sería de 6.5 por ciento.

“En la negociación también se ha acordado que se mantiene el aguinaldo de 90 días que reciben los empleados del Congreso, bono de puntualidad, préstamos personales anuales, becas para hijos e hijas de educación básica, media superior y superior.

“También se les paga el servicio de guardería, seguro de vida, bono del Día del Servidor Público, campañas médicas y cursos de capacitación.

“Sumado a ello al sindicato también le fueron autorizadas plazas de base y recategorizaciones, aunque no se ha especificado cuántas.

“Además de todos estos beneficios, el Congreso ha ofrecido el 5 por ciento de incremento salarial, mismo que ha sido rechazado por los trabajadores sindicalizados, lo que mantiene el paro de labores”.

¿Qué tal?

Y aunque la presidenta de la Mesa Directiva, la priísta Verónica Muñoz Parra, confirmó que es imposible que el Congreso pueda pagar semejante incremento a los sindicalizados, estos siguen en su macho y ayer bloquearon la avenida adyacente al Palacio Legislativo.

Sin embargo, los líderes de la oposición, como el prísta Héctor Apreza y el perredista Celestino Cesáreo Guzmán, señalan que no debe suspenderse el diálogo con estos tercos empleados, contra los que procede que se levanten actas administrativas por cada día de falta, para que se les pueda despedir y liquidar.

Ya quisiera cualquier ciudadano de a pie acumular tantos beneficios, que sin embargo a ellos les parece poco. Esto es verdaderamente ser malagradecido. La gente no valora lo que tiene, hasta que lo ve perdido.

En Costa Chica, además del intenso calor, la cosa también se puso color de hormiga, pues ayer durante todo el día vecinos de Pueblo Hidalgo mantuvieron tomada la carretera federal Acapulco-Pinotepa, manteniendo a los automovilistas soportando el durísimo calor en la carretera asfaltada. Exigen que se les entreguen 13 millones de pesos para ejercerlos directamente.

El alcalde les ofrece los 6 millones ya aprobados por el coplademun, y que ellos nombren a la empresa constructora, pero no quieren.

Y se entiende, porque se dice que el que está detrás de esta revuelta es el ex presidente municipal, el emecista Javier Vázquez García, así como su ex tesorero, quienes como abogados están asesorando a los pueblos para que exigen el recurso que les corresponde este año, para ejercerlo directamente, amparándose bajo los usos y costumbres indígenas, pero obviamente sin vigilancia de parte de ninguna autoridad, mucho menos del ayuntamiento, pese a que esta instancia es la responsable de la administración de los dineros.

Al cierre de esta edición, el paro continúa en la Costa Chica, pero ningún delegado de gobierno hizo presencia. Por cierto, esa es la única carretera de enlace en esa región. Imaginen las pérdidas de los vecinos.

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