(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
La Secretaría de la Contraloría estatal, anunció ayer la creación de comités de vigilancia, sobre los ocho programas sociales que aplica la Federación en el estado.
De esta manera, el gobierno del estado pretende mantener un estricto control sobre estos programas, desde la base social, para evitar actos de corrupción y sobre todo el uso de estos programas con fines electoreros, que es lo que realmente les preocupa.
Conocedores de cómo funciona este asunto de los programas sociales, mediante los cuales el régimen ha venido aprovechando los altos índices de pobreza para engordar sus parcelas políticas, no desaprovecharán la oportunidad para ejercer control social de ellos.
De hecho, se tienen convenios para que se constituyan comités de Contraloría Social, y capacitaciones para que las y los beneficiarios de los programas sociales conozcan las reglas de operación de cada uno de ellos.
¿Qué harán estos comités? Darán seguimiento, recopilación de cédulas de la vigilancia, y atención a quejas y denuncias.
Interesante de verdad esta iniciativa, pero eso es algo que debió hacerse desde hace mucho tiempo, no sólo ahora. Al contrario, por ejemplo, aunque cada ramo de inversión federal tiene sus propias reglas de operación, en las que se incluye la vigilancia ciudadana, ésta generalmente era opacada, comprada o de plano suprimida por los gobernantes.
El Ramo 33, por ejemplo, depende de un Consejo de Planeación Municipal, en la cual hay un consejo de vigilancia. Además, para cada obra se debe contar con un comité ciudadano, mediante el cual los beneficiarios de las obras ejercen su derecho a la vigilancia, debiendo recibir copia de los expedientes técnicos, pero nada de esto se cumple en la práctica.
En cuanto a los programas sociales, nada. Se ejercían hasta hoy a ojo de buen cubero, al grado de que en la reciente entrega del programa Un cuarto Más, la Sedesol estatal cobró 1,500 pesos a cada beneficiario, aunque son gratuitos. Trascendió que este negocito lo armó el titular, Mario Moreno Arcos, con la ayuda de dirigentes y regidores del tricolor en los municipios, quienes se adjudicaron los folios por montón, y cada uno de ellos lo distribuyó entre sus conocidos y parientes.
En cuanto a los programas sociales, ni para qué quejarnos, porque a pesar de que eran ejercidos por la Federación, en los delegados de las dependencias federales, y estos a su vez se entendían con los funcionarios estatales, así como con los vocales y representantes en los municipios.
Si pensamos que había control alguno, basta conocer los escandalosos desvíos de la Sedatu y la Sedesol. La primera, se atascó con los recursos del plan de reconstrucción en Guerrero, tras la tragedia de Ingrid y Manuel. La reubicación de comunidades y colonias fue ocasión para desvíos tan graves, que es hora que ese proceso no se concreta. Y, lo más grave, que no hay nadie que resuelva el problema de los damnificados.
Por eso, qué bueno que ahora sí el gobierno estatal vaya a facilitar el derecho de los ciudadanos a ejercer una contraloría social, y que por primera vez en nuestra historia podamos todos vigilar la manera en que se ejercen los programas sociales, denunciar toda irregularidad y tener la certeza de que se investigará.
¿Cuántos de nosotros hemos sabido que personas pudientes reciben, por ejemplo, las becas de Prospera? Pero nada se podía hacer, pues el programa estaba controlado por “vocales” y oficinas de enlace que hacían muy difícil tanto la denuncia, y mucho menos las sanciones. Y lo más grave es que todo aquel que protestaban, simplemente lo daban de baja, y de eso se encargaban las vocales.
Todo eso se termina. Los beneficiarios recibirán su dinero mediante tarjetas bancarias. Pero todavía falta por vigilar la actuación de los “Servidores de la Nación”, que andan censando a las personas en situación vulnerable, sobre todo porque se tiene la noticia de que son los ex candidatos y otros aspirantes de Morena los que están manejando estos grupos, y finalmente todo llega al delegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros.
Con los comités de contraloría social, el gobierno del estado pone un pie adelante sobre todo a Pablo Sandoval, quien abiertamente aspira a ser gobernador de la entidad.