Terror de Estado
El acoso a Carmen Aristegui por un lapso de cuatro años, ¿fue terrorismo de Estado? De ser el caso, ¿habrá una investigación exhaustiva con castigo a los culpables?
Los periodistas independientes siempre hemos estado en el bando de los indefensos. En 1924, gobernaba Baja California el general Abelardo L. Rodríguez y, un diario de Mexicali, El Monitor, le criticaba su laxitud hacia la delincuencia y que “hombres cercanos” a él manejaran el “negocio de las drogas”. Gobernación envió un agente y su detallado informe permite conocer cómo actuaba el militar ante las críticas.
El agente de Gobernación relató que una noche don Abelardo “con otros funcionarios y policías” seguía en la cantina disfrutando de “frecuentes libaciones”. Se le ocurrió dar audiencia a los periodistas críticos. La policía los encontró “entregados al sueño”. “Levantados de sus lechos” fueron “llevados” ante el gobernador que “tras dirigirle frases injuriosas” a uno de ellos “comenzó a propinarle puñetazos en el rostro”. Lo hizo “caer y ya en tierra le dio de puntapiés en la cara y cuerpo de manera inmisericorde, hasta hacerlo perder el sentido”. Hizo lo mismo con el otro periodista. El gobernador, muy considerado, los mandó primero al hospital para curaciones y después los recluyó en la cárcel. Don Abelardo cerró la faena prohibiendo la circulación de El Monitor por “contra revolucionario”.
Por éste y otros informes sabemos que quienes gobernaban México conocían los modos de don Abelardo. En lugar de reprenderlo y averiguar su posible relación con el crimen organizado, el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, le escribió meses después para recomendarle ignorar “los injustificados ataques que […] le ha[bían] dirigido” y felicitarlo por la “digna actitud asum[ida] ante las calumnias que se le infirieron”. Tanto era el aprecio de la Familia Revolucionaria, que don Abelardo terminó de Presidente interino entre 1932 y 1934.
Este patrón se ha repetido miles de veces durante el último siglo y el caso Aristegui lo reconfirma. En 2015 la periodista y su equipo fueron despedidos por la empresa MVS, después de difundir un reportaje sobre la Casa Blanca; la residencia de lujo entregada a la esposa del Presidente por un constructor cercano al mandatario. Hace días Javier Tejado Dondé, aseguró, en El Universal, que después del despido, MVS obtuvo prebendas y beneficios gubernamentales hasta por 6 mil millones de pesos. MVS lo niega.
Aristegui fue sometida a un acoso metódico y sistemático que tal vez podría reunir los requisitos para una variante de “terrorismo de Estado”. Las persecuciones duraron un largo periodo y tal vez fueron sugeridas u ordenadas por Peña Nieto; participaron instituciones del Ejecutivo federal y del Poder Judicial, se involucró activamente al menos una empresa radiofónica y la espiaron e intimidaron metódicamente. Resistió por temple y por la solidaridad nacional e internacional.
Cuando terminaba el sexenio pasado, la ofensiva se debilitó. En 2018, Carmen regresó a la radio comercial y la justicia ha empezado a darle la razón en los múltiples litigios que arrastra. Tal vez ha influido la simpatía y respeto que le ha expresado públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa buena disposición no ha alcanzado para que su gobierno se interese por establecer si hubo o no “terrorismo de Estado” y a eso podría dedicarse la inofensiva, burocratizada e inútil Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Ese mutismo, esa indiferencia, perpetúan la impunidad. Siguen los ataques a la prensa independiente, que fue protagonista en las batallas por causas y casos que hicieron posible la victoria de Morena y López Obrador. El protagonismo de la prensa independiente podría medirse por el costo en vidas, exilios y calvarios pagados por este gremio.
En el México de la Cuarta Transformación se sigue difamando, demandando o asesinando a los periodistas independientes, porque los perpetradores saben que nada les pasará. Ya basta de excusas y silencios; queremos una transparencia integral que permita reconstruir los casos, como un peldaño hacia la justicia y la rendición de cuentas. Si perduran las evasivas, estaría confirmándose que hay un pacto de impunidad entre Morena y el peñanietismo.
Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.
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@sergioaguayo
