(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Las cifras nacionales muestran que Guerrero ya no es el
estado más violento del país. Nos superan Guanajuato, estado que encabeza la
lista, seguido de Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, y
estamos por encima de la Ciudad de México.
Entonces es verdad lo que informó el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, de que la presencia de grupos de la
Policía Militar en nuestra entidad han impactado de manera positiva, con la
inmediata reducción de asesinatos.
En los primeros dos meses de la nueva administración
federal, los estados donde han muerto más personas son: Guanajuato, con 595
muertes; Baja California, 530; Estado de México, 518; Jalisco, 472; Chihuahua,
356; Guerrero, 340, y la Ciudad de México, con 323.
Llama muchísimo la atención esta recomposición de la
violencia, sobre todo que sea Guanajuato, la entidad de donde es originario el
clan de Vicente Fox Quesada y un estado gobernado por el PAN, donde la violencia
esté ahora sentando sus reales, y que sea Salamanca el municipio más violento.
¿Qué sucede? Lo más probable es que la estrategia contra el “guachicol” haya
derivado en una recomposición de las rutas delincuenciales, y que ahora los
grupos que se debilitaron estén sufriendo el embate de otros que se quieren
apoderar del territorio.
Recordemos que la red de “guachicoleo” comenzaba
precisamente en Salamanca, porque ahí se encuentra una refinería de Pemex,
desde la cual había ductos alternativos que iban a desembocar a bodegas
particulares, de donde se cargaban las pipas que repartían el combustible
robado a una red de gasolineras cuyos propietarios son, en realidad,
prestanombres de Vicente Fox y su familia. Ahora entendemos por qué el ex
presidente de la República tomó como propia la anticampaña que ejerció contra
AMLO, porque algo más que su pensión como ex mandatario estaba de por medio.
En Salamanca han perecido 133 personas en menos de 3 meses.
Una suma muy elevada para una ciudad media, que salvo la refinería, es más bien
de proyección agropecuaria, a diferencia de lo que es Acapulco, que además de
ser un puerto internacional, está ubicado en una ruta de trasiego de
estupefacientes desde Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, a través de
lanchas rápidas.
Pero Salamanca es una ciudad fortificada. Tiene 3 bases de
operaciones especiales y tras la masacre en un bar, este fin de semana,
mientras que la presidenta exigía 150 efectivos para resguardo del municipio,
el gobierno sólo le ofreció instalar otra BOM en algún lugar estratégico.
No se necesita ser sabio para entender que algo grande se
estuvo cocinando en Salamanca todo este tiempo, al grado de que cuando el
negocio se derrumbó, quedó un caldo de cultivo demasiado peligroso.
Los guerrerenses ya sabemos cómo es esa dinámica. Es hasta
que un grupo domina sobre el otro, que llega cierta paz a las regiones, hasta
que vuelven a entrar en conflicto, si bien la guerra nunca termina en realidad.
En este contexto, los estados y los municipios se limitan a actuar
en consecuencia, pero no tienen la capacidad de prevenir. ¿Cómo podrían
hacerlo? A menos que ejercieran un espionaje tipo la CIA, podrían detectar
complots de ataques y ejecuciones.
Y mientras otras entidades viven lamentablemente el repunte
de la violencia, la expectativa para Guerrero es buena. De mantenerse este
proceso, podremos aspirar a un periodo de paz que nos permita crecer
económicamente, quedando sólo como pendiente que los gobiernos locales estén a
la altura del momento y trabajen realmente por el desarrollo de sus municipios.
Claro que ni siquiera esta buena noticia alegra a los
partidos de oposición, pues todos sin excepción criticaron el informe de los
100 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, echándole en cara el
incremento de la violencia, pero sin reconocer que ésta es una herencia maldita
de los gobiernos priístas y panistas, cuyas estructuras forzosamente tendrían
que desmantelarse y moverse, y obviamente no lo harán con suavidad, sino como
verdaderos terremotos.
