(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
¿El PRI va por un proceso democrático en la renovación de sus dirigencias? Así parece. Lo que se veía imposible, podría ser una realidad y eso metería al tricolor, automáticamente, en el carril de la democracia. Pero no una democracia controlada, como la que ejerce el PAN, o una democracia de grupos, como la que se hace en el PRD, donde las camarillas de poder se ponen de acuerdo entre sí y luego sus consejeros ejecutan las órdenes votando en el sentido que les dictan los jefes de las hordas.
Pero parece que los priístas ya se dieron cuenta de que si no van por una transformación radical, están condenados al fracaso. Lo mismo el PRD, que parece que aún no termina su resquebrajamiento, está obligado a meterse a un proceso de restauración y restitución que vaya de la base hacia la cúpula y no al revés.
Por supuesto que los priístas no se arriesgarán mucho, y por ahora sólo los disidentes –los que no forman parte del clan en poder del partido- piensan pedirle al Instituto Nacional Electoral (INE) que organice la elección interna para la nueva presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, algo que está programado para que tenga lugar el mismo día que el PRI cumpla nada más y nada menos que 90 años de su creación.
Esto es apenas una idea. Fue expresada durante la sesión ordinaria del Consejo Político Nacional y sería el primer acercamiento del partido tricolor con la dependencia federal.
Aún con la intervención del INE en los comicios internos, el PRI tiene la última decisión de elegir el método para seleccionar a los candidatos y después a su dirigente nacional.
Entre los aspirantes a ocupar el puesto que actualmente se ocupa Claudia Ruiz Massieu, se encuentran la ex gobernadora de Yucatán, Ivone Ortega; el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; Alejandro Moreno, gobernador de Tabasco; Ismael Hernández; José Narro y el senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Miembros como el ex diputado federal José Ramón Martel, insisten en que para recobrar la confianza de la militancia, lo primero que debe de garantizarse es la democracia interna. Y si bien están de acuerdo en que la unidad es algo importante, indican que tampoco debe significar unanimidad, por lo que no es necesario un consenso.
Otra cosa por la que están pugnando los disidentes es que el partido haga una especie de “mea culpa”, como en su momento lo hizo el PRD con el Caso Ayotzinapa, y dado que ya es imposible ocultar todo el entramado de corrupción que había, sugieren que la dirigencia nacional acepte los actos de corrupción que cometieron gobernadores del PRI.
Claro, eso no sería suficiente, porque tendrían que aceptar también lo que hizo el ex presidente Enrique Peña Nieto, y con ello prácticamente desmantelar al Grupo Atlacomulco y trastocar los intereses de Carlos Salinas de Gortari.
En este desenlace tan dramático, los gobernadores priístas están preocupados, y junto con la dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, y otros liderazgos del PRI están negociando un acuerdo político para empujar un candidato de unidad.
Ante tanta competencia interna, Claudia Ruiz Massieu garantiza piso parejo para todos los que aspiren a este cargo. Sobre todo Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, son los que están más reacios a aceptar un acuerdo, pues aseguran que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI hay una estrategia para posicionar al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y a éste ya le llaman “AMLITO”, porque presume su cercanía con el presidente de la República, y el visto bueno del ex presidente Peña Nieto.
Cosas veredes, Sancho. El PRI llega a sus 90 años con una grave crisis de identidad, y aún atrapado entre cacicazgos tan añejos, que difícilmente podrán avanzar si, en efecto, no se meten a la trituradora de la democracia interna.