Suspenden condena de nueve años de prisión contra Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO. Un juez federal otorgó una suspensión de plano y de oficio al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la cual impide que se ejecute la sentencia de nueve años por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, así como el aseguramiento de 40 propiedades.

La suspensión fue otorgada por el Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, según el oficio 10137/2019, luego de que Duarte impugnó la causa penal 97/206.

“El juez oficiante ordena la suspensión de oficio y de plano de la resolución reclamada. En tal virtud se ordena la suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el 26 de septiembre de 2018”, señala la sentencia, emitida la mañana de este lunes por el juez Marco Antonio Tapia Fuerte.

Dicha resolución no implica la libertad del exgobernador veracruzano hasta que se pronuncie un Tribunal Colegiado, es decir, mientras se soluciona el amparo impulsado.

Este la segunda ocasión en el año en que uno de los expedientes de Duarte, necesita la atracción de un tribunal, para determinar la situación jurídica del exmandatario veracruzano.

El pasado 23 de mayo (Proceso 2229), el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó atraer un amparo que promovió contra la orden de aprensión por el delito de “desaparición forzada” que solicitó la Fiscalía General (FGJ) de Justicia de Veracruz.

Duarte recibió sentencia por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, luego de que se declaró culpable ante el mismo juez: Tapia Fuerte. Ante ello, interpuso un amparo contra la sentencia fincada en la causa penal 97/206 cuyos efectos tendrá que resolver un magistrado.

Duarte ha insistido las últimas semanas en su inocencia; incluso, recientemente filtró un video, supuestamente tomado horas antes de su detención, en el que asegura que se entregaría a las autoridades guatemaltecas y mexicanas por voluntad propia.

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