(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Comienza este jueves un nuevo trienio gubernamental en los ayuntamientos de Guerrero. Desde temprano y a lo largo del día, se estarán tomando protesta a los nuevos Cabildos, en 80 municipios, descartando a los 4 de nueva creación, porque estos deberán esperar el proceso para el nombramiento de sus autoridades instituyentes, que saldrán mediante acuerdos y no por elección, con requisitos mínimos a cumplir para los nuevos alcaldes, entre estos que no hayan sido dirigentes de ningún partido político, que no hayan ocupado cargos de elección popular y que tampoco hayan sido parte del comité gestor.
Será el Congreso local el que defina los tiempos, porque falta promulgar en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que se tuvo que hacer para facilitar la creación de estos nuevos municipios, así como enviarla a los ayuntamientos para que a su vez lo aprueben, dado que se requiere la anuencia de la mitad más uno de los cabildos del estado para validar dichos cambios constitucionales.
En cuanto al municipio de Iliatenco, donde la elección fue anulada de última hora porque la alcaldesa emecista fue violentada en sus derechos políticos por razón de género, el Congreso habrá de nombrar a un consejo municipal, mientras se convoca a nuevas elecciones.
Por lo demás, 79 municipios le dirán adios este jueves a sus viejas autoridades, y le darán la bienvenida a las que resultaron electas el 6 de junio pasado, con excepción donde hubo reelección, Zihuatanejo entre ellos.
¿Qué sigue? La esperanza es que con los nuevos gobiernos termine de cerrarse de manera natural el infierno de la pandemia de Covid-19, porque hay que reconocer que a las administraciones que ya concluyen les tocó bailar con la más fea.
Pero sólo en el caso de los contagios, porque realmente a los ayuntamientos no les redujeron sus partidas presupuestales, al menos del Ramo 33 y de Seguridad Pública, que son lo medular de sus recursos.
Es sabido que les redujeron sus participaciones de gasto corriente, con lo cual se paga nómina y se mantienen operando algunos servicios, con excepción del alumbrado público, porque esto lo pagan del rubro de seguridad.
Luego entonces, pese a la pandemia, realmente no hay pretexto para que los ayuntamientos que finalizan hayan fallado en cuanto a sus metas de obra pública, o para que dejen adeudos con la CFE, pues ya está explicado que se les permite tomar dinero de seguridad para cumplir con esta obligación, por el hecho de que una ciudad a oscuras es también una ciudad insegura. O, lo que es lo mismo, el alumbrado es parte de la seguridad.
Traigo esto a colación, amable lector, porque se intuye que las administraciones entrantes comenzarán a informar de la situación real en que recibieron la administración, y nos llevaremos varias sorpresas desagradables.
Recordemos que aunque ayer concluyó el proceso y se firmaron documentos, se tienen todavía 30 días más para que los alcaldes salientes y entrantes subsanen deficiencias, porque aunque se tuvieron 3 semanas para hacer una entrega transparente, ese tiempo fue insuficiente para que los presidentes cumplieran en tiempo y forma, y ayer trascendieron desacuerdos en algunos municipios.
La Contraloría, que fue la que acompañó en estos procesos, generalmente saca las firmas de los alcaldes entrantes, aunque después estos se hagan bolas con los faltantes.
¿Quién dijo que debería ser así? Lo ideal sería que quien no está de acuerdo con lo que recibe, no firme de recibido y punto. O que firme bajo protesta, para tener margen de acción una vez asumido el cargo.
Realmente no se justifican los retrasos, ni siquiera en los ayuntamientos grandes, como Acapulco, mucho menos en los municipios medianos y pequeños, que son mayoría.
Lamentablemente estamos ante esquemas de protección e impunidad graves, que vienen desde los órganos de contraloría y auditoría, que deben ser los primeros interesados en que todo se haga de manera transparente, sin cubrir a nadie.
Una vez finiquitado el proceso, y por no asumir su responsabilidad, la Contraloría le echa a los alcaldes entrantes el problema de denunciar o no a sus antecesores, lo cual no debe ser, pues se trata de un compromiso compartido.
Incluso, más que de los alcaldes entrantes, resolver los problemas de corrupción y opacidad es tarea de los órganos rectores y vigilantes de las finanzas, no al revés.
El proceso de entrega-recepción no debe ser un mero trámite administrativo, sino una oportunidad real de ir acotando la corrupción, obligando a los alcaldes a entregar todo en orden: bienes muebles, inmuebles, actas de Cabildo, expedientes técnicos de obras, juicios laborales y administrativos, etcétera.
Es lo mínimo que deben hacer, a lo mínimo a que están obligados, luego de 3 años de que tuvieron la oportunidad de enriquecerse, por decir lo menos.
Es una lástima que la Contraloría y la Auditoría se laven las manos y nos dejen a los ciudadanos a lidiar con la corrupción sistemática que nomás no cede, pese a que a nivel federal ya tenemos un nuevo gobierno, y a que por segunda ocasión el Congreso local tiene mayoría de Morena.
Realmente en los municipios muy poco ha cambiado. Y, lo que es más grave, fuero los morenistas que más excesos cometieron, aunque, claro, eso no excusa a perredistas, panistas, priístas, emecistas y petistas.
Quizás con esta nueva Legislatura, y con la nueva gobernadora, cambien un poco las cosas, y se nos deje de tener a los habitantes de los municipios como carne de cañón.