(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
La administración de Guerrero está llena de conflictos internos, cuando falta un mes para el traspaso del poder y de la alternancia. Ayer, empleados sindicalizados del sector salud de todo el estado pararon labores, estando todavía en plena pandemia, para exigir el pago de su fondo de ahorros, por un monto de 17 mil pesos por persona.
Son 4 mil trabajadores los afectados por esa retención de sus ahorros, que sumarían unos 68 millones de pesos que a estas alturas el gobierno del estado ya no tiene, o al menos así lo ha expresado el gobernador.
El día anterior los policías estatales se manifestaron, tanto en Chilpancingo como en la Ciudad de México, para denunciar la retención de sus viáticos y otros problemas que enfrentan como empleados del estado.
Pidieron también una auditoría a la Secretaría de Seguridad Pública, ya que esta dependencia tiene recursos del fondo de seguridad federal, y no se justifica que ni siquiera un uniforme completo le hayan dado a lo largo de este año.
Proveedores de diversos giros también han estado levantando la voz para reclamar sus pagos. Pueblos de diversas regiones están esperando la culminación de las obras programadas, sobre todo carreteras. ¿Qué está pasando?
El gobernador ha explicado en reiteradas ocasiones que el gobierno estatal entró en crisis porque la Federación les hizo recortes por 1,400 millones de pesos.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer por su parte que, por el contrario, están a cuentas con los gobiernos estatales, pues se les han remitido sus partidas en tiempo y forma.
Lo que dejó de fluir hacia los estados fue el fondo de estabilización, recursos que la Secretaría de Hacienda entrega a los estados en tiempos de crisis, pero que sin embargo no es permanente.
Es decir, que se entregó en el marco de la pandemia, pero este año no se ha dicho nada al respecto.
Los municipios también han sido perjudicados por recortes en su gasto corriente, lo que les ha limitado en el caso del sostenimiento de la nómina y en la prestación de los servicios básicos para la población.
Recordemos, amable lector, que los gobiernos no tienen dinero. Sólo administran lo que se recauda de nuestros impuestos, y que se les transfiere con base en el presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados cada año.
Además, el presupuesto ya no se entrega como mucho antes se hacía, por montón, sino que vienen por bolsas y ramos de inversión, y en el caso de las obras gestionadas ante la Federación, el dinero ya viene estrictamente etiquetado para ello, si es que el gobierno estatal las ejecuta. Si no, lo más probable es que las ejecuten constructoras contratadas por el gobierno federal.
Para los alcaldes, sobre todo la presidenta de Acapulco, la situación es peor. Si ya la pandemia había arrasado con todos los intentos de sobrevivencia política para Adela Román, el sismo vino a quebrar cualquier vestigio de buen gobierno que ella haya podido ejercer.
Sus adversarios se regodean ahora señalando que la magistrada morenista ha encabezado el peor gobierno de que se tenga memoria en el puerto, algo que por supuesto no es cierto. Parecen olvidar el sembradero de muertos en tiempos de Manuel Añorve Baños y Luis Walton Aburto, estando en pleno sexenio de Felipe Calderón.
También olvidan los acaulqueños el escándalo por el saqueo y desfalcos a Capama en tiempos añejos, desde el primer gobierno interino de Añorve, cuando también se le acusó de robar los apoyos para los damnificados por el huracán Paulina.
Walton no pudo hacer mucho en ninguna área, salvo lo cotidiano, aunque le tocó un tiempo relativamente bueno, y sobre todo tenía a Ángel Aguirre como gobernador amigo.
Los escándalos de Evodio Velázquez Aguirre tampoco los recuerdan, lo cual incluye, por supuesto, el sempiterno saqueo de la Comisión de Agua Potable del Municipio de Acapulco, que se ha convertido en el talón de Aquiles de todos los alcaldes, aún del mas avezado y chipocludo.
El caso es que este último trienio ha sido caótico, y ningún alcalde, de ningún partido, hubiera podido salir indemne. La diferencia es que, durante la pandemia, Adela fue la única alcaldesa que montó comedores comunitarios y los sostuvo con recursos propios del ayuntamiento porteño, a diferencia de los comedores del gobierno estatal, que fueron manejados por la Sedena.
Estuvo dando también despensas a familias que se quedaron sin trabajo por el cierre de playas, sobre todo de los pescadores.
También debemos tomar en cuenta que el municipio porteño fue el más afectado por el cierre del sector turístico, pues los empresarios y propietarios de negocios dejaron de pagar sus impuestos municipales.
No se puede medir con vara distinta al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Para todos hubo crisis. Hay muy pocos de los que se van, que pueden presumir que hicieron un manejo formidable de finanzas, en medio de la más terrible de las crisis económicas y de salud. Realmente todos se quedaron cortos: gobierno federal, estatal y municipales.
El cierre de gobierno es caótico y el inicio de las nuevas administraciones será peor. Preparémonos para un duro comienzo.