(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Estamos ya en la cuenta regresiva de las administraciones municipales. Ayer comenzó la instalación de los comités de entrega-recepción, bajo la supervisón de la Contraloría Estatal, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social.
De acuerdo con lo prometido por el gobernador Héctor Astudillo Flores, será un proceso muy cuidado no sólo en el ámbito estatal, sino también en el ámbito municipal.
Hoy, por cierto, ya se tiene una ley recién aprobada por los diputados que obligan a todos sujetos de este proceso a realizarlo si o si. Es decir, que este año ya no deben suceder aquellos caprichos de los presidentes que se van, en que simplemente instalaban los comités de entrega-recepción pero a partir de ahí hacían lo que querían, dejando inconclusos los procesos y con un palmo de nariz a los gobiernos entrantes, los cuales simplemente guardaban silencio en público, aunque en privado renegaran, por ser eso parte de una tradición política, o un pacto de silencio que -cabe decir- aun está vigente y nadie puede garantizar que esta vez no se eche mano de ese recurso.
Tampoco quizás veamos aquellos espectáculos que han sido tan comunes sobre todo en los ayuntamientos, en que la administración saliente se lleva hasta los muebles, aires acondicionados, computadoras, etcétera, como hambreados, como si no les hubiesen bastado 3 años para hartarse los bolsillos, que al final dan rienda suelta al saqueo de bienes que no les pertenecen, en tanto que fueron adquiridos con recursos del pueblo.
Hay casos tan vergonzosos, que incluso antes de irse los ediles se ponen de acuerdo para vender el parque vehicular. Venden sobre todo los vehículos más nuevos, para que el gobierno entrante comience de ceros, con los coches chatarra.
Pero eso no sería tan grave, si se usaran los dineros de la venta para obras y servicios. Al contrario, se los reparten, en lo que ha sido uno de los pactos para robar más detestables, en donde se diluyen partidos e ideologías, porque en la arena pública los políticos suelen competir, pero tratándose de repartirse lo robado, rapidito se ponen de acuerdo y son “amiguis”. Así, el presidente saliente embarra manos y calla bocas a quienes pudieran acusarlo de robar.
Definitivamente eso configura claramente el delito de asociación delictuosa. Lamentablemente, nada de esto llega a la Auditoría y si acaso llega a presentarse alguna denuncia, de parte de algún alcalde valiente que decide no callar esos robos, es esfuerzo nulo, porque ahí para la cosa gracias a las componendas y arreglos bajo la mesa que en la “tapaduría” son también una ley.
Y, peor aún, ocurre que el presidente en turno se auto compra a precios de ganga los mejores vehículos del municipio, o hasta la maquinaria pesada que se llegue a adquirir. Y luego los vemos en las camionetas que debieron dejar para el ayuntamiento entrante. ¿Así o más obvio el robo?
Eso es apenas una breve semblanza de lo que se atreven a hacer nuestros gobernantes con los bienes municipales, demostrando hasta el último momento que aquellas promesas de campaña fueron solamente el gancho para que la gente votara por ellos.
Con honrosas excepciones, en los gobiernos pasados fuimos testigos y dimos cuenta de muchos conflictos entre gobiernos entrantes y salientes.
Además de lo ya dicho, los más comunes suelen ser los adeudos descomunales de electricidad, pagos de las cuotas al ISSSPEG que se les descuentan al personal sindicalizado, así como abultados adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por concepto del Impuesto Sobre la Renta, descuento que se le hacen a los trabajadores pero que ilegalmente son retenidos por el gobierno en turno. Léase robados.
Al cambiar la fecha de toma de posesión de los nuevos gobiernos (recordemos que antes tomaban posesión en diciembre), los conflictos aumentaron, porque se hace cuando aun falta un trimestre para que concluya la programación anual de obras.
Entonces quedan obras pendientes. Los gobiernos que se van, ejercen por adelantado todo el recurso, y los que llegan reciben el dinero solamente para pagar a los constructores. Algunos se resisten y usan el dinero para obras nuevas, dejando a los constructores un conflicto grave, porque entonces recurren a demandas para recuperar lo invertido.
¿Se puede hacer de otra manera? No ¿Por qué razón? Porque la obra se programa desde el primer trimestre del año, en la reunión del Coplademun. No hay manera de que el gobierno entrante programe nada y, por lo tanto, solamente le resta concluir lo que su antecesor planificó.
Para colmo, y será el caso este año otra vez, los gobiernos salientes están obligados a ahorrar para el pago de la parte proporcional del aguinaldo a los trabajadores, pero no lo hacen. El caos entonces se le deja al gobierno entrante, que tiene que cubrir sus gastos de nómina y servicios, y además pagar aguinaldos y prestaciones sin haber manejado recursos. La mayoría recurre a préstamos particulares para hacer frente a esas obligaciones y desde ahí todo comienza a entramparse.
Estamos a punto de ver, estimado lector, este espectáculo de nuevo. Seremos testigos de los hurtos de última hora, de los conflictos heredados y de los acuerdos entre el que se va y el que se queda, que nunca saldrán a la luz, pero que definitivamente sufriremos las consecuencias: más demandas laborales, adeudos, ayuntamientos quebrados, etcétera.
Lo peor, es que la gente olvida, y a los que más roban y derrochan, son a los que más respaldan si vuelven a postularse. Por eso, sin que suene a ofensa, pero hay un dicho que indica que el pueblo tiene el gobierno que merece. Si no fuera así, no veríamos a los mismos individuos en la palestra política desde hace unos 30 años a la fecha. Ya estaría purgado ese mundillo de la política y bien. Pero como nos vuelven a convencer, los volvemos a aceptar y votar, esperando que hayan cambiado. Pero éste es un tema de sociología que en algún momento revisaremos, no ahora.