(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
¿Cuánto falta por saber del horror de Ayotzinapa? ¿Qué más tenemos que saber para que nos demos cuenta de que en Iguala se cocinó una de las peores masacres de que tengamos memoria, incomparable con ninguna otra, por inútil, y que ni siquiera se compara con los crímenes de la Guerra Sucia, que era uno de los capítulos más negros de la historia de este país, perpetrada a manos del gobierno.
En Iguala, se juntaron por lo menos tres cosas que tienen postrado a este país: la corrupción gubernamental en todos sus niveles, y el uso de la fuerza pública para ponerla al servicio de delincuentes a cambio de sobornos, y obviamente la impunidad y el descaro con que los criminales operan sabiendo que tienen a su favor la protección de quienes deben combatirlos.
Las declaraciones del testigo protegido “Juan”, que según Ricardo Raphael, columnista de Milenio, se trata de Gildardo López Astudillo, alias “El Cabo Gil”, quien se acogió al beneficio de ser testigo de oportunidad el año pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que les daría garantías a cambio de que dijeran la verdad; esas declaraciones, decíamos, vinieron a romper el pacto de silencio que existía entre todos los involucrados en aquella carnicería, que ahora sabemos no sólo afectó a los 43 estudiantes normalistas, sino a otros 30 o 40 enemigos de Guerreros Unidos.
Pero, algo peor se supo ayer: que para arreglar el entuerto de la matanza de estudiantes, los criminales, por recomendación del entonces procurador de justicia del estado, Iñaki Blanco, y usando a un comandante de la Policía Investigadora Ministerial como interlocutor entre ambos bandos, sacrificaron a 20 indigentes de Iguala para ir a enterrarlos a las fosas clandestinas de Pueblo Viejo, haciéndolos pasar como los jóvenes.
Pero cuando se dieron cuenta de que eso no funcionaría, entonces fueron a recoger los restos de los estudiantes quemados, a los lugares donde ya los habían tirado, para entregárselos al comandante Wenceslao Elizalde Zempoalteca, quien por órdenes de Iñaki, y acompañado de policías, fue a dispersarlos por el basurero de Cocula, para que la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, tejiera la trama de la “verdad histórica”, que indicaba que los muchachos fueron detenidos por policías de Iguala y luego entregados a un grupo criminal, que a su vez los sacrificó y los incineró en ese punto.
La opinión de expertos y la resistencia de los padres de familia impidió que esa “mentira histórica” del gobierno de Peña Nieto, con el contubernio del gobierno del estado, fuera aceptada y se le diera carpetazo al asunto, que era lo que se pretendía.
De algo han servido 6 y medio años de resistencia de parte de los padres de los 43, así como de las organizaciones sociales que los han acompañado -aunque a veces con excesos- en este peregrinar.
Afortunadamente, hubo un cambio de gobierno federal y se reabrió el caso, instalándose también una comisión especial para el caso, que llevó a cabo indagatorias que si bien no surten efecto para vincular a nadie a proceso, sí permiten tejer una historia alterna.
Pese a ello, la comisión a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, poco había logrado porque había un pacto de silencio entre todos los involucrados. Entonces, el presidente lanzó la propuesta a los que participaron en la masacre, para que hablaran a cambio de garantías. Y funcionó: Un alto mando de Guerreros Unidos accedió a dar detalles de cómo operaba este grupo delincuencial, quiénes desde el gobierno los apoyaba, y qué sucedió aquella noche de entre el 26 y 27 de septiembre ce 2014.
Sobre todo, reveló qué sucedió después y cómo se organizaron autoridades y delincuentes para tapar el hoyo abismal que habían abierto. Y lo hicieron derramando más sangre inocente.
Si según el testigo la noche del 26 de septiembre murieron entre 70 y 80 personas, entre estudiantes y presuntos criminales, si le agregamos los 20 indigentes estamos hablando del sacrificio de un centenar de personas, en un lapso de entre 3 días y una semana.
¿Quién pagará por todo esto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente de la República para devolverle a este país la dignidad? ¿Se conformará AMLO con una simulación?
Él dijo ayer, a propósito de que están involucrando a Omar Harfuch, secretario de seguridad de la Ciudad de México en esta trama, que se investigará a todo, porque no hay pactos de complicidad con nadie. Si el presidente cumple su palabra, veremos a exfuncionarios de Guerrero en la cárcel. Si no, todo quedará en otra “mentira histórica”.
Y, bueno, no olvidemos que la Fiscalía General de la República ya había solicitado órdenes de aprehensión para detener a unos 50 ex funcionarios y policías de Guerrero, pero fueron denegadas por un juez. Falta entonces destrabar el pacto de silencio en el Poder Judicial.