(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Mientras que en el estado se lucha por quitarse el lastre de los más de 5,700 profesores que están fuera del Fondo para la Nómina Educativa (FONE), y que demanda del gobierno estatal un desembolso de casi 60 millones de pesos, el Congreso federal está enfrascado en la negociación de la Reforma Educativa, cuyo desenlace podría restar el apoyo de los 40 diputados de la CNTE a la iniciativa presidencial, si no incluye sus demandas laborales.
¿Qué quieren los de la CNTE? Entre otras cosas, la adscripción de maestros en el apartado B del Artículo 123 Constitucional y la vuelta a la decisión de contratación de plazas en 50% del magisterio. A eso responde la prisa de su discusión en San Lázaro.
Lamentablemente, si Morena sucumbe a esta exigencia, volveríamos a la época en que las plazas podían ser vendidas y negociadas, y al manoseo de ellas en la etapa de la contratación, algo que debe ser de competencia exclusiva del gobierno en su calidad de patrón.
Más allá de los derechos de los docentes, que deben respetarse, el manoseo de las plazas debe ser eliminado de tajo, si queremos que la corrupción se erradique en este sector, y si deseamos que haya equidad y justicia en la designación no sólo de nuevos puestos de trabajo, sino también de los que se van desocupando.
Y es que este tema no es parte de los derechos de los trabajadores, sino todo lo contrario. ¿En qué le beneficia a un profesor egresado de una escuela normal, el depender de la decisión de un líder sindical para obtener su puesto de trabajo? ¿O en qué le ayudaría a los profesores en activo, que estén esperando que el escalafón se mueva, el que un director venda su plaza o se la traspase a su hijo, con el visto bueno de sus jefes sindicales, y así sucesivamente? Eso sería una injusticia y sí pasa a lesionar los derechos humanos de los profesores.
Sabemos que el viejo régimen optó por ir cediendo y concediendo espacios de poder, no sólo con los profesores, sino también con muchos otros actores políticos y sociales, al grado de que hoy por hoy, estos reclaman las concesiones que se les hicieron fuera del Estado de Derecho, como si fueran parte de sus logros, pero no es así.
Por ejemplo, tenemos a los organismos culturales, y defensores de derechos humanos, y a todo tipo de ONGs, reclamando espacios y manejo de recursos públicos, porque así se estilaban en el pasado.
También vemos a organizaciones netamente políticas, como Antorcha Campesina –ligada al PRI-, anunciando la creación de un partido político ahora que el Congreso federal eliminó la partida presupuestal que año con año recibían las organizaciones de productores, también de manera ilegal, en lo que era un manejo desaseado de recursos públicos, y sólo para tenerlos contentos y, como se dice vulgarmente, sembrando y cosechando votos.
CODUC, que en el estado maneja el ex diputado federal y local experredista, Sebastián de la Rosa Peláez, va rumbo a ser un partido político, aunque obviamente ya demasiado mermada, porque con dinero baila el perro, dice conocido refrán, y sin dieron bailan como perro.
Es obvio que el ingrediente del chantaje está detrás de la postura de la CNTE y su filial en los estados, donde todavía están peleando que los profesores fuera del Fone -cuyas plazas les fueron entregadas de manera irregular, fuera de presupuesto-, sean integrados sin mayor requisito a la nómina federal.
Pero la mala noticia para todos es que el delegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros, anunció que sí hay disposición para hacer de una vez el traspaso de la nómina, pero sometiendo a revisión caso por caso. Es decir, que no se recibirán en paquete esos miles de plazas, cuyos sueldos todavía están volando, porque ni el gobierno del estado que fue el que las entregó, ni el gobierno federal, las reconoce.
Y todo este amasijo se creó precisamente por el manoseo de las plazas tanto en la esfera gubernamental, como en lo esfera sindical. Es decir, que los sindicatos tienen harta culpa en todo este conflicto creado, pues en lugar de pelear por mayor presupuesto, se metieron a la negociación de las plazas, obviamente coludidos con los gobernadores y sus secretarios de Educación.
De hecho, en las mesas anuales esa era la exigencia principal, aunque a la población le hablaban de revisión de sueldos y otros derechos.
Según el gobernador, ayer jueves resolvería el asunto del pago de los sueldos de los profesores fuera del Fone, aunque la Federación seguía en la misma postura de no recibirlos hasta revisar caso por caso, pues hay que saber que no es solamente el estado de Guerrero el que tiene este dilema, sino que todas las entidades federativas se metieron en esta camisa de once varas, en el tiempo en que tuvieron la educación bajo su dirección.
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