(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Ya se decía que Emilio Lozoya Austin iba a cantar alto y claro, y que estaba dispuesto a denunciar a sus cómplices, con tal de salvar el pellejo, el de su madre, su esposa y su hermana, a quienes involucró en sus tracalerías mientras estuvo a cargo de Petróleos Mexicanos.
Pero a diferencias de otras tramas de corrupción que hemos visto, como la de Elba Esther Gordillo, la de Rosario Robles y su Estafa Maestra, y la de algunos gobernadores priístas y panistas que andan a salto de mata, la trama del Caso Lozoya es la de más alto nivel que hayamos visto, pues se trata nada más y nada menos que de la élite política nacional de los últimos dos sexenios.
Así es. No sólo están involucrados el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quienes financiaron la campaña de 2012 con dinero del brasileño Odebretch, 100 millones para ser exactos, según lo dicho por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República, y en la cual incrimina a sus ex jefes políticos.
Pero sólo ellos, decíamos, sino que Lozoya también reveló que, en realidad, la trama de Odebretch viene desde el gobierno de Vicente Fox, y la inició el también ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, creando una empresa denominada Etileno XXI, a través de la cual Odebretch hizo obras para Pemex a lo largo del sexenio calderonista, donde se afianzarían los lazos entre el presidente y el empresario que ha creado la red de corrupción más grande de todos los tiempos, a lo largo y ancho de la América Latina, y por la cual ex presidentes de varias naciones ya están en picota, excepto los de México, dónde el velo de impunidad.
Luego entonces, Odebretch se involucró en las elecciones de 2012 porque ya estaba en México y ya tenía intereses aquí. Incluso se dice que hizo varias obras para el gobierno de Lázaro Cárdenas Batell, en Michoacán, aprovechando la amistad de los Cárdenas con el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva.
Fue sólo cuestión de que la gente de Odebretch contactara a Peña Nieto y a los operadores de campaña -el cerebro fue Luis Videgaray-, para aportar 10 millones de dólares, y habría sido Emilio Lozoya el encargado de repartirlos a quienes, escaleras abajo, se encargarían de promover el voto priísta.
Por lo tanto, eso pasa a involucrar forzosamente a los jefes del PRI a nivel nacional, y abre la puerta para que se revise la actuación del tricolor como instituto político, que además gozaba de sus correspondientes prerrogativas.
Ahora bien, lo interesante de todo esto es que se pensó que Lozoya solamente sería el garganta profunda de esta trama, y con eso terminaría su pacto con el gobierno de México, que con base en la ley actual lo aceptó como “testigo de oportunidad”, y como tal lo está tratando, pues Lozoya no ha ido a la cárcel, sino que alegando problemas de salud está en un hospital -el periodista Loret de Mola afirma que está libre y acaba de festejar su cumpleaños a todo lujo.
Pero no sería tan fácil para Lozoya, quien habría sido presionado a asumir un papel activo en la trama de desagravios. Por ello, los procesos en contra de su esposa, madre y hermana continúan. Ayer se anunció que el gobierno de Alemania cateó las casas de la madre de Lozoya, y que además éste tendrá que devolver al erario mexicano dos residencias que compró con el dinero que le tocó de los sobornos de Odebretch para la reforma energética, ya durante el gobierno peñanietista. Una de esas fincas está ubicada precisamente en este puerto de Zihuatanejo.
Como podemos ver, la de Odebretch es un caudal de corrupción de dos aguas: una es el haber financiado la campaña de Peña Nieto a cambio de contratos de Obras. Y, otra, el haber otorgado dinero para comprar el voto de diputados y senadores de todos los partidos, para sacar adelante la reforma energética, que significó la muerte de Pemex y de la CFE, y la entrada de los capitales nacionales y extranjeros privados al sector.
De momento, el caso dio un vuelco interesante. Con la presentación de la demanda, quedan de antemano indiciados y tendrán que ser llamados a declarar lo que a su derecho convenga, con base en el proceso que se tenga qué seguir. Si esto derivará en la detención del ex presidente, no lo sabemos, porque eso dependerá de las leyes vigentes y del criterio de jueces y magistrados.
El giro que de la situación es notable: no se trata de que Lozoya declare ante la fiscalía y que luego ésta investigue y haga las acusaciones. Lo que viene es que quien hace la acusación contra otros exfuncionarios es el propio Lozoya, abriendo la puerta para que un sinfín de funcionarios de todos los partidos, incluido el propio Peña Nieto, sean citados a declarar.
Y como el que acusa, prueba, esta carga le queda al propio Lozoya, no a la FGR, dando un amplio margen para una carnicería política. Políticos y partidos quedarán sumamente exhibidos, justo cuando está por comenzar el proceso electoral de 2021 (comienza en septiembre próximo).
Por eso hay quienes dicen que Lozoya, más que un delator, es un misil contra el viejo régimen. Veremos.