(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Por fin, los gobernadores están en sintonía para que el Congreso de la Unión se enfoque en una reforma penal profunda, que restituya el derecho a la justicia de las víctimas, evitando la “puerta giratoria” de la que se valen los delincuentes y criminales para evadir la acción de la justicia en su contra.
Desde que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio se adoptó en México, muchas han sido las historias en que los infractores de la ley se burlan del sistema. Alegan de todo, hasta porque se difunden sus fotografías en medios, cuando aún se les tiene bajo la presunción de inocencia, o porque no fueron puestos a disposición a la autoridad correspondiente, en el tiempo legal previsto, o porque los detuvieron bajo argumentos distintos a los que se les imputan.
Recordemos el caso reciente de la mamá de El Marro, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, a quien la Fiscalía de esa entidad detuvo junto con una veintena de personas cuando pagaban la nómina del cártel. Sí, pero la detención se efectuó “por causalidad”, pues en realidad los agentes se metieron a la finca en busca de un auto robado, auto que no encontraron. Lo que sí hallaron fue a la señora, cuya detención -acusó el propio Marro-, fue para hacerle un favor a sus enemigos, los del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Por lo tanto, la defensa de la madre de uno de los capos más violentos del país, se apegó a estos errores de procedimiento y en el término de las 72 horas fue dejada en libertad. La Fiscalía General de la República no atrajo el caso porque el procedimiento estaba viciado de origen, y así se fueron echando la bolita unos con otros, pero el caso es que la señora, siendo que es operadora del cártel que lidera su hijo, libró la cárcel.
Y así por el estilo, los abogados se fueron especializando en este nuevo sistema de justicia, encontrándole no sólo puertas giratorias, sino verdaderos portones por los cuales sus clientes eran puestos de patitas en la calle en menos de que canta un gallo.
En cambio, las autoridades -desde policías municipales, estatales y ministeriales-, tardaron en adaptarse al modelito, que implica una serie de normas y disciplinas a las cuales no estaban acostumbrados. Y así es que a fuerza de cometer errores -por ignorancia o a propósito- han favorecido a los delincuentes y se han convertido en verdaderos obstáculos para la acción de la justicia.
Los gobernadores lo han venido diciendo, pero es hasta ahora que concretan algo para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La iniciativa la presentó ayer el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
La propuesta la avalan gobernadores como el de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.
Es una propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), “con el objetivo de construir un nuevo paradigma que le restituya al Estado Mexicano su condición constitucional de garante de la paz y el bienestar desde la legalidad y el acceso efectivo a la justicia”, cita el documento.
Son cinco los ejes que guían la propuesta: 1) El fortalecimiento del sistema procesal penal; 2) el respeto y defensa de los derechos humanos; 3) el enfrentamiento contundente de la impunidad; 4) el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y 5) la protección a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de México.
¿Y qué dicen los senadores? El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que confía en que se multiplique la colaboración con los representantes de los estados con el fin de institucionalizar las preocupaciones de los mismos.
“No vamos a legislar hasta que los gobernadores den su opinión y puedan avanzar en beneficio de toda la sociedad”, puntualizó.
Luego entonces, conviene que todos los gobernadores se documenten y se sumen a esta iniciativa, que ayudará, entre otras cosas, a rescatar la figura del Ministerio Público, y clarificar muchos conceptos que parecen ambiguos, como la denuncia anónima, la flagrancia y otros.
Como bien dijo Monreal, los gobernadores no pueden estar ausentes en la discusión de este tema, pues son quienes enfrentan de primera mano la violencia y el crimen organizado.
¿Cuántos se suman?