(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), actuará para frenar el encarecimiento de productos de la canasta básica, fenómeno que desde que comenzó la emergencia por el Covid-19, comenzó a darse en este país, sin que hasta la fecha las autoridades intervengan, y mucho menos en Guerrero, donde se tiene solamente una oficina estatal de la procuraduría que defiende a los consumidores, y está en Acapulco.
La mayoría de las regiones crecen de una oficina a donde los consumidores pueden ir a interponer sus demandas, no sólo por este asunto, sino por todos los abusos que cometen diversos actores comerciales, tanto privados como públicos, pues es una verdad que la CFE, por ejemplo, hace cobros exagerados sin dar explicación alguna, como también Telmex, los bancos, y tiendas como Elektra, Coppel suelen vende artículos defectuosos, que una vez que salen de sus almacenes se niegan a repararlos, o a entregar uno nuevo.
La gente anda de la seca a la meca, tratando de que les devuelvan su dinero o, en su defecto, que les entreguen un nuevo artículo, pero sólo se burlan de ellos.
Así que está muy ojona para que sea paloma. El gobierno federal está anunciando multas que van de los 169 mil pesos a los 4 millones 700 mil pesos, como sanción a las tiendas de autoservicios, supermercados, grandes productores y tiendas, por alzas injustificadas de productos básicos.
En los casos graves se aplicarán las citadas sanciones, y por el momento ya se iniciaron procedimientos administrativos en contra de 23 tiendas de autoservicio y supermercados en el país por alzas injustificadas de precios.
Bodega Aurrerá y Walmart concentraron la mayor parte de los procedimientos, según Profeco.
Pero obviamente eso está sucediendo en cada tiendita, en cada miscelánea y mini súper de este país. Cuando se le cuestiona a la gente por qué de la noche a la mañana el huevo aumentó hasta 80 o 100 pesos el casillero, los tienderos dicen que las compañías avícolas así se los dieron, para ganarles ellos unos cuantos pesos.
Luego entonces, si se quiere abatir esta carestía que nos está oprimiendo a todos, son los grandes productores y distribuidores los que se tienen que someter a la ley, y eso se tiene que reflejar abajo, en las tiendas minoristas.
Lamentablemente, para nadie es un secreto que los comerciantes suelen vender el mismo producto a precios distintos, aunque las tiendas estén una pegada a la otra. Se tiene un libre-mercadeo, y cada quien compra donde le conviene y quiere. Por lo tanto, no podemos decir que no hay abusos, aunque sea en pequeño, en las misceláneas y abarroteras locales, porque basta comparar precios de tienda en tienda, para entender que nomás su boca es medida, parafraseando otro sabio dicho popular.
En el caso de los tortilleros, se sujetaron a un precio específico, porque el gobernador les dio mil toneladas de maíz, para detener el alza en las tortillas, cosa que sí pegaría duro y a la cabeza en los consumidores, pues en esta crisis al menos tortilla con sal comemos. De otro modo, estaríamos en este momento comprando la tortilla en 30 pesos el kilo.
Pero el problema no para ahí: los clientes de la Comisión Federal de Electricidad, enfrentan los cobros puntuales de la dependencia, en plena pandemia, cuando la gente está sin trabajo en su mayoría. Lo peor es que muchos recibos vienen elevados sin razón, y no ha manera de que les atiendan sus quejas.
Y así sucesivamente, los abusos contra la población vienen de todos lados. La corrupción en sus muchas caras.
Esperamos que el gobierno federal cumpla realmente con ese plan de detener la carestía, que no se justifica, porque los grandes distribuidores no pueden argumentar nada a favor de sus políticas alcistas, porque al haber menor consumo, los productos tienden a abaratarse, no a encarecerse, como sucede actualmente con el petróleo.
Además, el precio de la gasolina bajó casi a la mitad en algunos lugares del país, con lo cual se redujeron sus costos de transporte de mercancías.
Hoy por hoy, los ciudadanos estamos a merced de los pulpos del mercado de alimentos, y el gobierno en todos sus niveles se ha visto torpe y tardo para responder ante este abuso, que agravará el hambre de millones de mexicanos.
Los bloqueos en muchos pueblos también están causando este fenómeno, pero se entiende que es por la dificultad de llevar los productos hasta las rancherías, algo que les toca revisar a los presidentes municipales.
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