(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
La Dirección General de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, emitió ayer por la tarde un comunicado urgente, a partir de la divulgación del brutal asesinato de la niña Fátima, en la Ciudad de México, que se suma al indignante y terrible crimen contra Ingrid a manos de su esposo, la semana pasada.
El comunicado suena a amenaza y huele a censura hacia la prensa en general, cuando lo más importante es resolver los feminicidios, no acallarlos.
En este embrollo, el gobierno federal se enreda en su propia red, porque prohíbe la divulgación de imágenes de niños, aunque se difuminen sus rostros. Pero habría que recordarles que la Alerta Amber en eso consiste precisamente, en divulgar los rostros de las personas desaparecidas, pidiendo la colaboración de la sociedad para encontrarlas.
El caso de la niña Fátima es sumamente doloroso, por la forma en que se perpetró el crimen. Primero, porque la menor le fue entregada por directivos de su colegio, a una extraña, que aparentemente no lo es pues la niña se fue con ella muy a gusto, como si la conociera, según se observa en los videos divulgados de la mujer, por la cual se ofrecen 2 millones de pesos.
Segundo, porque las autoridades capitalinas se negaron a lanzar la Alerta Amber para localizarla. Los padres se volvieron a su casa sin opciones, y fue el domingo que la encontraron metida en una bolsa, con infames huellas de tortura. En este contexto, la Secretaría de Gobernación, que dirige una mujer de leyes, divulgó ayer:
1.- Los medios de comunicación no deben difundir imágenes, voz, nombre, datos personales, o cualquier otra referencia que permita la identificación de niñas, niños o adolescentes, aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades.
2.-No está permitido difundir datos personales de niñas, niños o adolescentes relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores, víctimas o testigos.
3.- Debe evitarse la difusión de imágenes o noticias que propicien, o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de niñas, niños o adolescentes.
4.- Con base en la LGDNNA, estas disposiciones son también aplicables a medios digitales.
Asimismo, se les refrenda que esta Dirección General dará puntual seguimiento al cumplimiento de la referida Ley, a través del sistema de monitoreo, de conformidad con las atribuciones que tiene en relación con la protección del derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, pudiéndose hacerse acreedores a las sanciones relacionadas con el artículo 148, fracciones IV, V, VI y VII de la LGDNNA.
En relación con lo expuesto, cabe precisar que esta Dirección General reitera su respeto al derecho a la libertad de expresión, de prensa, de programación y de recepción de contenidos; por lo que, sin menoscabo de estos principios, se realiza esta solicitud de medidas de protección, en atención con lo dispuesto en la LGDNNA y en defensa del principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
¿Qué tal?
Creo más bien que Gobernación está intentando un control de daños sobre la imagen del gobierno federal, dada la indignación que están causando los feminicidios, cáncer que se ha incrementado hasta 140 por ciento en los últimos 5 años, y para lo cual no parece haber solución, pues se trata de crímenes domésticos en su mayoría, donde se involucran como los victimarios los esposos, padres, novios, amantes de las mujeres asesinadas.
Se tiene además la noticia de que hay redes de trata de mujeres, con fines de explotación sexual y tráfico de órganos. Desde hace 5 años se dijo que Michoacán era una de las mecas de este tipo de delitos, y sin embargo no se les ha atacado debidamente. Vamos, ni siquiera se ha intentado.
Y entonces, ante la incapacidad, viene la censura.
Ni siquiera el gobierno de Enrique Peña Nieto pudo imponer un régimen de excepción en cuanto a la libertad de prensa. Lo intentó, presionando a la industria de la radio y la televisión para firmar un acuerdo, pero no todos los medios firmaron, sobre todo la prensa escrita, que fue la que se mantuvo firme en el derecho a informar.
Por ejemplo, en el caso de Ingrid, se indignaron las feministas y los gobernantes por la divulgación de su cadáver. Y está en ciernes una ley para castigar a quienes divulguen y compartan ese tipo de información gráfica. Pero vale la pena decir que si no hubiese sido por ello, si no se hubiese compartido algo tan descarnado, Ingrid fuera un caso más de los miles de feminicidios que se cometen en este país.
Y otra cosa: ¿Qué no es más indignante que la Fiscalía salga a decir que la madre de Fátima padece de sus facultades mentales y que el padre está senil y haga público un reporte del DIF en ese sentido? Esta es la misma estrategia de sus predecesores, basada en desacreditar a las víctimas antes que hacer una investigación, hacer como que responden para ganar tiempo y justificar las omisiones. Y así se defiende al victimario y se retrasa la justicia.
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