(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Como un balde de agua fría cayó para la familia Lozoya, sus abogados y sus correligionarios políticos, la detención del ex titular de Pemex en España, con fines de extradición para que responda ante la justicia mexicana por los delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude.
De inmediato, en un intento por atajar el fuego, la diputada federal y ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, emitió un comunicado para pedir justicia en este caso, y no distractores ni propaganda política, argumentando
La diputada del PRI escribió: “Estamos frente a una conducta personal, al amparo de un cargo público, por lo que sería lamentable que se utilice como instrumento de propaganda política”.
Sí y no. Se trata de la conducta personal de un alto directivo del gobierno federal, pero cuyo jefe inmediato era nada más y nada menos que el presidente de la República, en cuya campaña le tocó recolectar 5 millones de dólares de la empresa Odebretch, a cambio de contratos millonarios con Pemex, precisamente, cargo que Lozoya desempeñó hasta 2016.
Y si como dice el abogado de Lozoya que éste no se mandaba solo, y hasta mandó a citar como testigo del caso de Fertinal al ex presidente Enrique Peña Nieto, imposible que el PRI se desembarace de esta zaga político-delictiva, que implica los delitos de cochecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, así como fraude contra una empresa del Estado.
Recordemos que el caso de Fertinal no lo detectó este gobierno, sino que fue la Auditoría Federal la que en 2017 expuso el asunto, de la desventajosa compra de una de las empresas productoras de fertilizante de ese grupo, propiedad de los españoles Ancira. Primero, no sólo porque se compró a un sobreprecio de más de 600 millones de pesos, sino porque la planta era chatarra y además se adquirió con todo y sus adeudos que tenía con el Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, quien ya no tenía esperanza de recuperar su dinero, pues estaba en cartera vencida.
Es decir, fue un negocio redondo a expensas de Pemex, pero además no es el único, pues falta reabrir el caso Odebretech, que la Unidad de Inteligencia Financiera aún está documentando.
En poicas palabras, Lozoya Austin no saldrá bien librado de ésta, mucho menos el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se trata de un caso emblemático de los niveles de corrupción que permearon su administración.
Aunque los diputados priístas quieran ahora deslindarse de Lozoya, difícilmente lo lograrán. A diferencia de lo que sucedió con la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, a quien por su pasado perredista dejaron a su suerte, no podrán hacer lo mismo con Lozoya Austin, máxime que su abogado, Javier Coello, está empeñado en demostrar que su cliente sólo seguía órdenes.
El caso de Chayo Robles es tan grotesco, que podemos decir que tampoco se mandaba sola, pues incluso llegó a vender zonas naturales protegidas, y desvió dinero destinado al combate a la pobreza, usando incluso a las universidades públicas del país para ello. Por lo tanto, no sólo Robles Berlanga debe estar en la cárcel, sino los rectores que se prestaron a sus movidas.
El caso Lozoya es igualmente detestable, pues el usar dinero de la petrolera, pese a su carga fiscal y a sus cuantiosas deudas, sólo para ayudar a los cuates a salir de deudas, y para volverles a comprar bienes que ya se habían desincorporado, que además no son útiles para el sector, es algo sin nombre, es inmoral y un crimen.
Una vez extraditado, Lozoya tendrá que dar pormenores de las redes de corrupción que durante 4 años que estuvo al frente de Pemex minaron la paraestatal, y sobre todo qué papel desempeñó Peña Nieto en todo esto, pues apostemos a que a diferencia de Rosario Robles, él sí hablará de su ex patrón, quien fue el que finalmente se benefició no sólo del soborno en dólares de Odebretch, sino también de los trinquetes de Pemex.
Se acabó la fiesta para Peña Nieto, quien tras divorciarse de la Gaviota, anda de gigoló con una nueva conquista, viviendo como rey en España, por cierto.
El presidente AMLO está empeñado en recuperar el dinero que se tragó la corrupción, y qué mejor que este caso para inyectarle al instituto para devolver al pueblo lo robado.