(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
En marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con el fiscal Alejandro Gertz Manero y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para reabrir el Caso Ayotzinapa.
Se entiende que los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa están comenzando a hacer presión sobre la Presidencia de la República, pues ya pasó un año de que se estableció la Comisión de la Verdad, pero los avances son muy pobres.
Tan sólo se han establecido búsquedas de restos en diversas partes de la entidad, y aunque se han hallado restos, estos se enviaron a un laboratorio de Europa para su análisis, y por ahora no hay manera de determinar dónde están los muchachos, como tampoco hay forma de dar con los responsables de este crimen de lesa humanidad, sobre todo porque muchos de los implicados están siendo liberados por errores de procedimiento, sin importar si son o no culpables de la cacería y desaparición de los normalistas.
Lo que es peor, el secretario de Seguridad Pública de la entidad dijo antier que son precisamente los hombres que han sido liberados los que están violentando Iguala y sus alrededores, pues volvieron para demandar su parte en el negocio que perdieron cuando fueron detenidos, tras los hechos sangrientos de septiembre de 2014.
El asunto se antoja, sin embargo, demasiado difícil. Han pasado muchos años y el presidente reveló algo que se convertirá en el nudo gordiano del caso: los delincuentes tienen un pacto de silencio, y ha sido casi imposible atar cabos. Por lo tanto, les está ofreciendo protección, amnistía y hasta recompensas, a cambio de que aporten datos de lo que sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Con todo, la reconstrucción de estos hechos, luego de tanto manoseo oficial, no será fácil. Y aunque el presidente señaló que resolver el Caso Ayotzinapa es de la más alta prioridad para su gobierno, no vemos por dónde pueda actuar el Poder Judicial, sobre todo porque muchos de los principales implicados fueron dejados en libertad por un juez federal del norte del país, sin que hasta la fecha se le finquen responsabilidades.
Lo que es peor, la Fiscalía se limitó durante todos estos meses a quejarse por las atribuciones del juez, pero nada hizo para retener a los detenidos en prisión.
Mientras el subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se desgastaba recorriendo la entidad, sobre todo los sitios por donde pudieron ser llevados los muchachos, en la Fiscalía el titular Alejandro Gertz Manero dejaba hacer y pasar. A su vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación jamás llamó a cuentas al juez que decidió liberar a gente como El Cabo Gil y otros delincuentes confesos, alegando que sus declaraciones les fueron arrancadas mediante tortura. Esto pese a que en los teléfonos celulares de los detenidos hay evidencias suficientes de su participación en aquellos lamentables hechos.
Ha sido así como el caso se fue revolviendo hasta hacerlo intrincado y engorroso.
¿Qué procede ahora? Abrir el caso a la sociedad civil y atender todos y cada uno de los testimonios que se aporten. Viene a la memoria el del líder de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien desde el penal de Chilpancingo reveló que conoce a dónde fueron llevados los muchachos, pero desafortunadamente los mismos abogados de Ayotzinapa le callaron la boca.
Alejandro Encinas atendió a Villar Castillo en el penal de Cuernavaca, y le ofreció revisar el lugar donde se indica que están los muchachos, un lugar de difícil acceso según Villar Castillo, quien además demandó protección para él y la ex coordinadora Adelaida Hernández Nava y la hija de ambos, por considerar que su vida corre peligro.
Hasta la fecha, no se ha hecho nada al respecto, y el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, se limitó a despreciar el testimonio de Villar Castillo, acusándolo de querer notoriedad y de pedir su libertad a cambio de los datos.
Tal vez sea la hora para el Encinas y el fiscal general de la República atiendan el testimonio de Villar Castillo, y se use toda la fuerza de la Guardia Nacional para acudir al lugar donde se presume están los muchachos. De no hacerlo, quedará la duda de que los abogados del caso algo esconden.
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