(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El caso de los 10 músicos asesinados en Chilapa de Álvarez, masacre ocurrida el 17 de este mes, hizo agua ayer, cuando la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que opera en esa región de la montaña baja encabezó una marcha en la carretera que permanece cerrada, presentando a una veintena de niños de entre 6 y 15 años de edad, portando rifles y palos, como policías comunitarios.
Claro que no somos torpes para aceptar que esos niños van a prestar sus servicios como policías, primero porque la organización real de la CRAC está basada en las asambleas comunitarias, y se necesitaría que los pueblos aceptaran esa descabellada idea, para que les fuera permitido.
Segundo, porque de ser así, la CRAC-PF estaría convertida en más de lo mismo; esto es, en un organismo violador de los derechos humanos de los habitantes de los pueblos en donde tienen presencia, especialmente de uno de los grupos más vulnerables.
Y no olvidemos que la Coordinadora, desde su creación argumentó que tenían derechos consagrados en el derecho internacional, que les permite su libre determinación. Pero, obviamente, una cosa es que puedan organizarse social, económica, política y religiosamente hablando, atendiendo sus raíces étnicas (usos y costumbres), como pueblos indígenas que son, y otra muy distinta que se les permita violentar a tal grado los derechos de los menores de edad, que también están protegidos por el derecho internacional.
Luego entonces, lo que en Chilapa se está moviendo es algo más que una simple queja. Se está usando a los niños –es la segunda vez que la CRAC-PF lo hace-, como carne de presión para el gobierno federal y estatal, a fin de que detengan a un grupo delictivo conocido como Los Ardillos, que comanda Celso Ortega, hermano del diputado Bernardo Ortega, y que en efecto ha sido uno de los grupos delincuenciales de la entidad al que poco se le ha perseguido y combatido, a diferencia de otros que han operado tanto en la Montaña, como en otras regiones.
Un detalle no debemos pasar por alto: la CRAC de los Pueblos Fundadores, es una facción de la CRAC-PC. En tiempos de Eliseo Villar Castillo los hermanos Plácido Valerio se escindieron: Bruno fundó la Policía Ciudadana de la UPOEG, y su hermano Cirino (ya fallecido), creó la CRAC de los Pueblos Fundadores, asentándose en Malinaltepec, pero posteriormente creó la casa de justicia de Chilapa.
En Tixtla también opera la CRAC, de la cual Gonzalo Molina fue vocero, hasta antes de su encarcelamiento, junto con Nestora Salgado, de Olinalá, y Arturo Campos, de Ayutla. Pero la CRAC se acaba de deslindar de Molina, a quien incluso acusan de estar organizando falanges guerrilleras, para un eventual levantamiento armado en la Montaña, algo que él desmintió, y reviró señalando que los coordinadores estaban coludidos con la delincuencia organizada.
Este contexto es importante para entender lo que está sucediendo en la Montaña baja. Se trata de la misma problemática que enfrenta la UPOEG en los territorios donde se levantó para combatir la inseguridad. Y obviamente nadie dijo que eso sería fácil; al contrario, tanto la CRAC como la UPOEG se han quejado de infiltraciones, y recientemente en San Luis Acatlán se les fugó un comandante regional de la Policía Comunitaria, que hacía las veces de jefe de plaza, según acusaron, lo cual nos da una idea de lo vulnerables que son estos grupos para ser infiltrados, pues qué mejor lugar para operar al margen de la ley, mientras se tapan con la cobija de la seguridad por usos y costumbres.
Luego entonces, la puesta en escena de los niños es ilegal a todas luces; vulnera los derechos de los menores y viola leyes nacionales e internacionales.
Independientemente de que a los de la CRAC-PF les asista la razón, sobre todo a raíz del cruento homicidio de 10 músicos, a los que asesinaron y quemaron, no es usando a los niños como van a cumplirse sus expectativas de seguridad, sino todo lo contrario, están convidando a la muerte para que se enseñoree sobre los inocentes.