(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El gobernador Héctor Astudillo no se había pronunciado acerca del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que desde el 1 de enero sustituyó al Seguro Popular, hasta ayer que fue entrevistado en Iguala, donde dijo que por su parte él dará un plazo de 3 o 4 meses para ver cómo funciona.
Y aclaró que no se opondrá al Insabi, porque tiene “un origen de buena fe”.
Por el contario, sus homólogos panistas de Baja California Sur, de Guanajuato, de Querétaro y Tamaulipas, así como el emecista de Jalisco, Enrique Alfaro Anguiano, ya se pronunciaron en contra de lo que consideran viene a centralizar los dineros de los servicios de salud, que durante muchos años recibieron a raudales.
Y así es. El Insabi, que comenzó con hartos tropiezos y poco dinero, se manejará bajo un esquema centralizado, toda vez que el Seguro Popular, mediante el cual se transfería el dinero para su manejo en las entidades federativas, también resultó un fracaso.
Decir otra cosa sería una mentira, pues el desabasto de medicinas, de insumos médicos y de laboratorio, el deterioro de equipos e instalaciones, y un rosario de problemas que afectan al sector salud a lo largo y ancho del país, no es de hoy. No es del 1 de enero a la fecha, aunque así lo estén denunciando los gobernadores que se oponen a un cambio de programas y normas.
Cómo olvidar todas las quejas, denuncias y paros laborales del personal médico y de salud en todos los niveles, en contra de la más severas carencias que los colocaban al borde de la negligencia médica, por negar el servicio de atención a cientos y miles de personas, que para cosa de ser atendidas tenían que comprar los medicamentos y hasta las gasas con sus propios recursos.
Las carencias llegaron a ser tan graves, que se canceló el servicio de alimentos para los enfermos, y entonces los familiares deben comprar la comida, con la realidad de que los que carecen de dinero, pues simplemente ayunan, mientras se recuperaban de intervenciones quirúrgicas o enfermedades graves.
Todos estos males persisten, en efecto, porque son tan graves y generalizados que no se podrían resolver ni por decreto, ni de la noche a la mañana.
Luego entonces, lo que los gobernadores deben hacer es exigir que el Insabi marche bajo reglas de operación precisas, y facilitar todo lo que esté a su alcance para que todo el sistema de salud, sobre todo en el aspecto laboral, sea centralizado, como ya ocurre con el sistema educativo.
El gobernador Astudillo así lo ha expresado, al reconocer que si en Educación se tenían a miles de profesores y empleados administrativos sin techo presupuestal, en Salud es algo peor.
Y para nadie es un secreto que siendo Salud la dependencia que más dinero recibe de la Federación, tiene un pobre margen de maniobra, porque 90 de cada 100 pesos lo gasta en pago de nómina.
Todo esto preocupa a los gobernadores, que habían venido usando el dinero del Seguro Popular para resolver problemas de nómina, cuando el recurso era para atención médica de la población que carece de seguridad social.
Es este condicionamiento o eventual retiro de recursos que las entidades reciben hoy para financiar sus respectivos sistemas de salud, lo que está sustentando la resistencia de Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes; de Carlos Mendoza, Baja California Sur; de Diego Sinhue, de Guanajuato; de Francisco Domínguez, de Querétaro; y de Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, todos del PAN; así como el emecista Enrique Alfaro, de Jalisco.
Falta por definir qué sí cubre y qué no cubre el Insabi, pues se ha informado que el tercer nivel de salud queda excluido; sin embargo, es ahí donde se tienen los mayores problemas, por los efectos del cáncer, de la diabetes y sus complicaciones, y de las enfermedades cardiacas, que afectan a la población adulta, juvenil e infantil, sindistingos.
Este martes, el gobernador tiene una reunión con los gobernadores de todo el país, donde veremos de qué cuero sale más correa.
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