(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El gobierno del estado de Guerrero comienza a ponerse a tono con la 4 Transformación, y este jueves el Congreso local aprobó la nueva Ley de Catastro, que fue enviada por el gobernador Héctor Astudillo como un asunto de urgente resolución, para tapar los agujeros que permitían a los propietarios de terrenos casas y edificios salirse por la tangente, pues incluso interponían amparos para que el gobierno les devolviera el importe del impuesto catastral.
Esta ley fortalecerá de lleno a los municipios, pues ese impuesto lo cobran los ayuntamientos.
El dictamen fue aprobado por unanimidad y sin discusión. Los diputados consideraron esto como un “logro histórico”, porque la autoridad municipal queda blindada ante los actos evasores de los propietarios.
Con la nueva Ley de Catastro para los municipios, quedó abrogada la vieja legislación, y eso significa que los ayuntamientos deberán prepararse de aquí al mes de enero, para afinar el área de Catastro, a fin de que le saquen provecho a esta nueva plataforma legal.
Sobre todo, porque ya no hay alternativas para que empresas y contribuyentes particulares se amparen, para evitar el pago de este impuesto.
¿Por qué lo hacían? Pues resulta que la vieja ley fue emitida hace 35 años, que fue cuando se les transfirió a los ayuntamientos el pago de este impuesto. Pero dado que no fue ratificada, entonces realmente no tenía validez, o era ambigua, tenía lagunas que les permitían sobre todo a los grandes propietarios ampararse, asesorados por sus abogados.
Obviamente eso afectaba sobre todo a los municipios grandes, como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco, que aunque cobraban el impuesto, sufrían grandes quebrantos porque los tribunales los obligaban a devolver el recurso, así como a gastar dinero en costosos litigios.
Nos preguntamos qué pasó a lo largo de los últimos 35 años, para que tanto diputados como gobernadores permitieran esas lagunas legales, que debilitaron tanto a los municipios.
Afortunadamente esto también le quita una mina de oro a los abogados tracaleros, que se alquilan al mejor postor, ayudando a sus clientes de diversas maneras para evadir impuestos y pagos de derechos, como el del agua potable, algo que por angas o mangas los ricos no pagan, sólo los pobres.
Ahí está el caso del panista queretano Diego Fernández de Ceballos, que debía casi mil millones de pesos por concepto de adeudo del impuesto predial. Cuando fue exhibido, entonces aceptó su abuso y negoció la condonación de recargos, y sólo pagó 12 millones, lo cual implica un “perdonazo” de 927 millones. Dijo el Jefe Diego que todo fue legal, pero lo cierto es que necesitaríamos ser muy ingenuos (pentontos), para pensar que este hombre que es uno de los más acaudalados del país, aceptó someterse al derecho. Siendo él abogado y político –ex candidato presidencial del PAN en 1994-, solamente usó sus influencias al interior de ese partido, para que el alcalde de Colón, Querétaro, se doblegara (ya había una amenaza de los líderes del PAN para investigarlo por saltarse las trancas). Entonces Diego pagó sólo 1.5 por ciento de su adeudo que tenía por no pagar durante 25 años el impuesto predial de su rancho El Estanco, de 220 hectáreas.
Recordemos que el Jefe Diego es un hombre que como abogado se enriqueció litigando contra el propio gobierno, como hoy los hay muchos en esta entidad, que trabajan para fregarse a los ayuntamientos, asesorando a los trabajadores para que demanden por despidos injustificados. Y gracias a eso tenemos municipios quebrados y atrasados, porque los laudos laborales los están ahorcando, mientras que los abogados laboristas ostentan fortunas.
Creo que siguiendo el ejemplo del predial, los diputados deben hacer una ley que impida que aquellos que llegan a laborar en una administración, como parte de un equipo político, puedan demandar por despido injustificado a los siguientes gobiernos, ya que esto se ha convertido en una especie de vendetta política entre adversarios políticos, para hacerse la vida imposible mutuamente.
Lo que no saben es que matando a la gallina de los huevos de oro, no habrá huevos para nadie…sólo para los abogados, que por cierto muchos ya andan de políticos y conquistando alcaldías y diputaciones, precisamente con ese dinero que le arrancan a la malagueña a los municipios.
Y también vemos a los presidentes tronándose los dedos, porque muchos de ellos ya gobernaron y mandaron a su gente a demandar. Pero hoy que volvieron a las alcaldías, pues resulta que les está tocando pagar millonarios laudos de su misma gente. Nunca esperaron que el karma los alcanzaría.
Bien por la nueva ley de Catastro. Que cada quien haga sus ahorros. 2020 ya está a la vuelta de la esquina.
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