Sigue la polémica sobre los 898 mdp que Abelina López no ha comprobado a la ASE

IRZA

Chilpancingo, Gro.- (IRZA).- La diputada Luissana Ramos Pineda, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, dijo este martes a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, que la comprobación de los 898 millones 633 mil 453 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que ejerció en 2023 no debe interpretarse como “una persecución política”.

Se trata, dijo en entrevista, de la obligación que tienen todos los titulares de los entes fiscalizables. “Todos mis respetos para ellos y pues de ninguna manera una auditoría se puede tomar como una persecución política”. Agregó que “el tema es completamente técnico y legal” y que todos los entes que manejan recurso público están obligados a rendir cuentas con transparencia, la cual surgió de la “lucha histórica del pueblo”.

Ramos Pineda agregó que el objetivo de esa lucha es que “cada vez sean más transparentes el uso de los recursos y no es ninguna persecución política, es un acto que se hace completamente en el marco de la ley”. La legisladora del partido Morena aclaró, sin embargo, que la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE no interviene en la planeación, ejecución y resultados de las auditorías que realiza la ASE.

“A nosotros nos compete vigilar y evaluar pues las actividades de la Auditoría Superior del Estado, no a los entes fiscalizables”, abundó.

En ese sentido comentó que el auditor superior Marcos César Paris Peralta Hidalgo deberá precisar si tiene o no convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para auditar el gasto federalizado, en este caso del FAISM, que en el 2023 ejerció la administración municipal de Acapulco, los ejerció Abelina López en 2023.

La polémica surgió a principios de este año cuando la ASE solicitó a la presidenta municipal la solventación de los 898 millones 633 mil 453 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que ejerció en 2023.

Pero la alcaldesa recurrió al Tribunal de Justicia Administrativa, mediante amparo, para impedir la fiscalización de ese recurso. Sin embargo, el TJA emitió en abril una nueva resolución en la que reconoce las facultades de la ASE para fiscalizar el recurso federal.

Además, el titular de la ASE, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, ha insistido en que tiene un convenio de colaboración con la ASF para auditar recursos federales y que el ayuntamiento de Acapulco no puede ser un “municipio de excepción”.

El 27 de mayo, cabe mencionar, venció el plazo que la ASE le otorgó a la presidenta municipal para la comprobación del referido recurso económico. Ante la omisión de López Rodríguez, el auditor superior anunció que dará vista al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

Al respecto el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, insistió en que “no es un tema político” y que “no hay ninguna línea marcada” ni injerencia en el trabajo ordinario de la ASE.

“De nuestra perspectiva, hay necesidad de que se hagan las auditorías a todos los entes públicos”, dijo, porque tienen esa obligación que surgió de la lucha ciudadana y de la izquierda.

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