Armando Ríos Piter
Como ya se ha vuelto costumbre, Jorge Ramos y el presidente López Obrador discutieron durante la conferencia mañanera por las cifras relacionadas con homicidios dolosos en el país. Nuevamente el periodista increpó al mandatario y criticó la falta de resultados en torno al combate a la violencia en el país. Incluso fue incisivo al decirle que “fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa”.
En un tono en el que AMLO pocas veces es cuestionado, el comunicador insistió: “ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer, así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso”. El tabasqueño respondió: “Hemos avanzado. Ahora sí que tengo otros datos y no estoy en una burbuja porque no me gusta el autoengaño (…) Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero, sí hemos logrado contener el crecimiento que se traía” en ese rubro.
Lo cierto es que aunque el presidente recurra a la frase “yo tengo otros datos”, los números sobre el mal desempeño del gobierno en esta materia son demoledores. Los asesinatos en el país, se han estabilizado en las tasas más altas en la historia reciente. Un total de 35 mil personas fueron asesinadas en 2020 y todo indica que así se repetirá en 2021. La cifra más alta de Peña Nieto fueron 31,285. Por otro lado, en la administración de Felipe Calderón se cometieron 121 mil 613 homicidios dolosos, lo que ubica ya al sexenio de AMLO en sus primeros dos años con casi el 60% de las muertes que tuvo el sexenio completo del panista.
Ante este debate, surge la pregunta legítima: ¿Podemos esperar que con las políticas que actualmente se siguen, pueda haber cambios y resultados en el futuro inmediato? Es dificil o practicamente imposible imaginarlo. Aunque los partidos y sus discursos han cambiado al asumir el poder, la estrategia de seguridad ha sido practicamente la misma. El involucramiento del ejército y la marina armada -que ha prevalecido y se ha incrementado- desde el 2006, así como la falta de inversión pública en policías municipales y estatales, son condiciones estructurales que prevalecen desde FCH hasta AMLO.
No obstante, un aspecto angular sobre el que es indispensable profundizar es el de la corrupción en los mandos policíacos. La capacidad corruptora del crimen organizado, junto con la permeabilidad que ésta ha tenido en las autoridades, es una variable fundamental para entender qué tanto avance podría existir en torno a combatir el flagelo de inseguridad que aqueja al país. ¿Qué tanto ha logrado abatir este problema la administración de AMLO?
Como marco de referencia, se tiene la detención ocurrida también la semana pasada, del ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal en tiempos de FCH, Luis Cárdenas Palomino. Uno de los actores clave en la actividad policíaca de hace dos sexenios -brazo derecho de García Luna- fue detenido por una investigación relacionada con el caso Florence Cassez.
Un policía esencial en la administración calderonista, ahora es acusado de tortura. Quien fuera condecorado y reconocido hace dos sexenios, ahora es señalado por tribunales estadounidenses por vínculos con el Cártel de Sinaloa. ¿Qué nos asegura que no hubo casos similares en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Peor aún, ¿Qué instrumentos tenemos como sociedad que garanticen que algo similar no ocurre en el sexenio de AMLO? Los “otros datos” del presidente no bastan.
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