Ernesto Villanueva
La detención del extitular de seguridad federal Genaro García Luna ha sido un bálsamo para Alfonso Durazo, el actual secretario, quien ha podido montarse en un discurso efectista que transitoriamente le permite dejar atrás los serios pendientes –donde ha habido algunas luces positivas también que no habría que regatearle al político sonorense– que hay en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, están fuera de la coyuntura política y afectan las percepciones de seguridad de la comunidad. Conviene subrayar que la realidad es una percepción y no es unívoca.
Primero. Un aspecto muy importante que ha logrado Durazo ha sido eliminar o minimizar su ruta de colisión con los policías federales inconformes por no aplicarse totalmente los beneficios que la Constitución les otorga cuando desaparece su materia de trabajo. El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja ha cumplido con creces esa tarea y con Enrique Carpizo, representante legal de muchos de los inconformes y sus voceros –Adrián López y Mario Alberto Lover– han construido puentes de comunicación y aclaración que han dejado satisfechas, en esencia, a las partes en un conflicto inédito en el país que se puede sintetizar así: a) Policías que dicen no a las formas y modos del sistema, hecho sin precedente en una corporación de las fuerzas del orden; b) Mandos medios que se vendieron ante Durazo y Mejía como los expertos en disuadir inconformidades y lograron sólo polarizar el tema y delegar para arriba el conflicto haciéndolo ver como un ajuste personal de Durazo con los policías federales en desacuerdo; y c) Las dificultades de deshacer lo hecho en esa materia en los años recientes por cuanto a la creación de la Policía Federal, por obviar análisis objetivables y reproducir, en cambio, apreciaciones urbanas (unas ciertas y otras no, como sucede en lo que se denomina posverdad en comunicación política) como base para la toma de decisiones en un rubro particularmente sensible.
Segundo. La falta de ayuda de los mandos de la propia Policía Federal al vocero de los policías inconformes, Mario Alberto Lover, quien fue objeto de un ataque en la carretera Cocula-Iguala, Guerrero, el pasado 25 de diciembre, puso en tensión de nueva cuenta esa relación que ya había sido modificada para bien de todos. En la denuncia por abuso de autoridad interpuesta por Lover Martínez contra Sigifredo Valencia y Nicolás González Perrín, comisionado de la Policía Federal y director de Fuerzas Federales del mismo organismo, respectivamente, en la Fiscalía General de la República el 30 de diciembre pasado, se señala la inacción ordenada por ambos servidores públicos, quienes podrían haber incurrido en el delito federal grave de omisión de auxilio previsto en el artículo 215, fracción III, del Código Penal Federal. Nada más y nada menos llegaron siete horas después, tiempo que gana probablemente el récord Guinness a la respuesta más tardada de auxilio a un ciudadano por parte de las fuerzas del orden. Además de lo anterior, el mensaje que se envía es el de represalia contra Lover Martínez por haber roto los usos y costumbres de la cultura de la sumisión y del ¡sí señor! tan arraigadas en el servicio público mexicano y en la sociedad en general, donde se prefiere ir por las ramas, pero no decir las cosas de frente y por su nombre. Hoy, un policía federal con un liderazgo potencial interno jamás hubiera emergido a la luz pública si no se hubieran dado las circunstancias que detonaran ese comportamiento que mucho ayudó a su causa. Y vaya que hay un cambio significativo. Ahora, como cualquier persona, los policías tienen derecho de manifestación, expresión y organización que hace un punto de quiebre histórico no sólo en México sino en América Latina y otras partes del mundo.
Tercero. Durazo sigue teniendo varios retos que resolver para hacer que la seguridad sea una realidad concreta: a) Generar un espíritu de cuerpo en la secretaría donde, como se vio en el ataque a Lover Martínez, hay distintos grupos con diferencias de percepción y de criterio, lo que imposibilita que esa institución cumpla su misión; b) Los resultados en seguridad van a la baja y hay un divorcio entre los discursos iniciales y las políticas efectivamente puestas en marcha, circunstancia que genera desconfianza y temor en la comunidad por cuanto a la capacidad de contención del crimen organizado y de los delitos de alto impacto de jurisdicción federal y, en gran medida, local, por la incidencia definitoria de la secretaría en los recursos económicos asignados a las policías estatales y municipales a través de sus diversos programas de apoyo, donde los criterios de asignación no están claros ni menos la pertinencia de las estrategias que no se han traducido en resultados. De igual forma, habría que señalar que la extinción legal de la Policía Federal no hace que desaparezca el problema por decreto ni tampoco que los mandos denunciados dejen de ser responsables de sus acciones si hay delitos que se puedan efectivamente acreditar. Es verdad que con la desaparición formal de la Policía Federal no se engrosarán automáticamente las filas del crimen organizado; lo es también, empero, que las indemnizaciones para quienes las hayan solicitado deben seguir su curso conforme a derecho, y se hagan todos los esfuerzos posibles para no poner a estos policías inconformes altamente entrenados entre la espada y la pared por el bien público. Esperemos.
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