Armando Ríos Piter
Gran polémica se generó la semana pasada después de que el Senado de la República aprobó reformas a la Ley del Banco de México. Los cambios votados en la Cámara Alta obligarían a que el Banxico adquiera los excedentes en moneda extranjera que las instituciones financieras nacionales no puedan repatriar hacia su país de origen. Las reacciones en contra de la legislación aprobada no se hicieron esperar. El Banxico, la Asociación de Bancos de México (ABM) y especialistas, manifestaron su preocupación porque lo aprobado permita que ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, utilizando para ello como ventanilla principal al banco central.
La preocupación se hizo sentir también en los Estados Unidos. Llamó la atención que incluso el Fiscal General William P. Barr, fijó su posición en un comunicado público, mediante el cual dijo: “El Departamento de Justicia está comprometido a continuar trabajando con el Gobierno de México, en el combate a la delincuencia transnacional…no obstante, nos preocupa la legislación que hoy se encuentra a revisión en el Congreso Mexicano, la cual tendría como resultado hacer la cooperación entre ambos países mucho más difícil…Aprobar estas modificaciones legales solamente beneficiaría a las organizaciones criminales transnacionales y violentas, así como a otros delincuentes que actualmente combatimos de manera conjunta”.
Los senadores han explicado que el propósito de la nueva legislación es ayudar a las familias migrantes o de trabajadores del sector turístico que reciben pagos en billetes y monedas extranjeras y que en ocasiones no tienen la oportunidad de que las insituciones nacionales se las compren Esta situación han dicho, se traduce en que tengan que venderlos en el mercado negro a un precio mucho menor y por ende tengan fuertes pérdidas. Por esta razón, las reformas permitirán que el dinero metálico -billetes y monedas- que no pueda ser repatriado, al ser comprados por Banxico.
Frente a los planteamientos de los legisladores, el Banxico ha contraargumentado que el 99% de las remesas circula a través de transferencias electrónicas. El subgobernador Gerardo Esquivel incluso dijo que la reforma a la ley “pone en riesgo las reservas internacionales” debido a que se obligaría al banco a realizar operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente dijo que las medidas “atentan contra la autonomía del Banco de México”.
Otros han dejado ver además que les preocupa que autoridades de otros países, le impongan sanciones a entidades financieras que ofrecen servicios de corresponsalía a las instituciones mexicanas para procesar la moneda extranjera que estas últimas captan. Por último, también han dicho que esta legislación incrementa el riesgo de que se prohiba que se realicen transacciones con contrapartes en el exterior, el congelamiento e incluso la confiscación de la reserva internacional.
Adicionalmente podrían generarse distorsiones en beneficio de unas cuantas instituciones financieras nacionales. Estas medidas ayudarían a que las grandes receptoras de remesas dejen de hacer uso de los corresponsales extranjeros, con los consiguientes beneficios económicos, derivados de ahorrarse ese servicio internacional y dejarle toda la carga al banco central. Es indispensable que en la Cámara de Diputados se analicen a fondo todas las consecuencias que estos cambios a la ley podrían traer. No debe legislarse al vapor una vez que se han advertido los importantes riesgos que prevalecen.
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