Armando Ríos Piter
La forma en que un gobierno reacciona frente a las crisis, la manera en la que atiende los problemas y da respuesta a los cuestionamientos, define con toda claridad la huella que habrá de imprimir en la historia. Sobran ejemplos en los que por error de algunos funcionarios, mal diagnóstico o de plano, insensibilidad del mandatario en turno, asuntos que podrían resolverse, llegan a escalar y convertirse en graves conflictos sociales. Sirvan estas consideraciones para analizar lo que hoy ocurre en Chihuahua en torno al agua en la presa de la Boquilla.
Desde 1944, México y Estados Unidos se distribuyen el agua de los ríos que comparten a lo largo de su zona fronteriza, principalmente para destinarla a la producción agrícola de ambas naciones. Actualmente México le debe 399 mil millones de metros cúbicos de agua del río Bravo debido a que durante el ciclo anterior incumplió con pagar la cuota correspondiente. México tiene hasta el 24 de octubre para pagarle a Estados Unidos lo que aún tiene pendiente.
En este contexto, la sequía que actualmente azota a Chihuahua, propicia una fuerte dependencia por parte de los productores del agua almacenada en las presas. Se ha generado una enorme polémica entre los campesinos y el gobierno federal. Los primeros exigen se les permita aprovechar el agua de la presa para sus cultivos, mientras que las autoridades insisten en cumplir el pago de agua comprometido en el acuerdo bilateral.
Derivado de esta tensión, el 9 de septiembre se dio un enfrentamiento entre campesinos y elementos de la Guardia Nacional por el control de la presa La Boquilla, localizada en el municipio de San Fancisco de Conchos. Una mujer y su marido que habían participado en la manifestación, fueron atacados a balazos por los uniformados, lo que derivó en la muerte de Jessica Silva y en lesiones graves de su esposo Jaime Torres.
Distintos actores políticos manifestaron su indignación por lo sucedido, exigiendo “la entrega” de los elementos que cometieron el crimen. En respuesta, AMLO ha declarado que detrás del conflicto por el agua en la entidad se encuentran exgobernadores del PRI, así como políticos del PAN, líderes de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH) y de otras organizaciones de productores.
La semana pasada, la confrontación escaló debido al “congelamiento” de al menos 50 cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo el argumento de haber detectado movimientos irregulares en el sistema financiero. Entre estas se encuentra la del exgobernador José Reyes Baeza, Salvador Alcántar, de Eliseo Compeán, alcalde de Delicias,de organizaciones de productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua tales como la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y la AURECH.
El riesgo de que el conflicto se desborde, crece día con día. En lugar de tensarlo más, es fundamental que el gobierno reaccione y haga política para solucionarlo.
About Author
