Trinidad Zamacona López
“Entre los Poderes de la Unión, el peso y contra peso, debe de existir para evitar la tiranía en sus actos, si no se respetan entonces el poder está concentrado en una sola persona”.
En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siempre se dijo que no respetaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los seis años se la pasó acusándolos de corruptos y de vender la justicia a los grupos de la delincuencia organizada, nadie le dijo al ex mandatario federal que el problema no radicaba al cien por cierto en el Poder Judicial de la Federación, solo los acusó sin presentar ninguna prueba de sus dichos, y eso al final la gente se lo compró de que son ellos los corruptos, pero mientras estaba Arturo Zaldívar como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no le decía que era corrupto y que vendía la justicia.
Cuando se designó a la Ministra Norma Piña Hernández, escribimos que para el Poder Judicial de la Federación, venían cosas peores, en cuanto a su relación con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no quedó la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, que era la carta fuerte del mandatario federal, no quedó es mas no aguantó ni la primera ronda en donde fue eliminada. Ahora con la mandataria federal está en el mismo sentido, es decir no cambio, siguen recios en su contra.
La función del Poder Judicial de la Federal, no es representativa es decir que no representa a un sector de la población, representa a todos por igual, la aplicación de la Constitución o de las leyes, es una garantía de derechos no de política.
Si la función fuera solo en decir que la suspensión en materia de amparo es o no es legal porque lo dice un juzgador de otro poder, no se le puede manifestar de que no tiene facultades para decir que no es legal la reforma al Poder Judicial de la Federación, pues fue nombrado por otro poder en donde seguramente cumplió con los requisitos para tener o estar en ese puesto.
Ahora bien la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo “no voy a cumplir la suspensión y no voy a bajar la publicación de la reforma constitucional, en el Diario Oficial de la Federación, la Juez Federal Nancy Juárez, jueza que ordenó bajar la reforma judicial del DOF, aseguró que si el Gobierno de Sheinbaum no acata las suspensiones que han concedido los jueces, el país vivirá una anarquía, pues no es la mandataria la autoridad que deba decir si la cumple o no, que en todo caso podríamos decir que debió decir se iba a combatir a través de los medios de impugnación, no fue así los asesores le fallaron a la mandataria federal, la dejaron sola en un asunto netamente jurídico.
por su parte la togada le respondió a la mandataria federal, que “Tenemos todos los jueces facultad para paralizar los actos”, así respondió Nancy Juárez, jueza del juzgado de Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, al Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, el cual se niega a bajar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), no obstante de que ya están bien notificados de dicha suspensión, y el termino ya les venció para dar cumplimento a dicha suspensión, si no lo combaten por los medios de impugnación adecuados, no como lo hizo Ernestina Godoy, al mandar un documento a la Ministra Presidenta Norma Piña, en donde solo le argumenta de forma informal sin ser un recurso formal para combatir la suspensión otorgada, pero no fue así, por ello es que se puede ya considerar que ya es un desacato a lo mandatado por la letrada del Poder Judicial de la Federación.
En entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación, la togada aseguró que son totalmente falsos sus señalamientos sobre que no tiene la facultad de frenar la reforma judicial, ya que “una jueza no puede estar por encima del pueblo”, pero también podríamos decir que ninguna autoridad puede por encima de la ley y de la Constitución, máxime que se protesta cumplirla y hacerla cumplir y las leyes que de ella emanen.
La togada expresó que “En México hay tres poderes, cada uno con distintas facultades. Una de las facultades del Poder Judicial que se establecen en la Constitución es la de conocer y resolver juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole derechos humanos”, reiteró en entrevista para Ciro Gómez Leyva. Lo que es totalmente cierto, quizás no va a entrar al estudio de que si fue legal o no la reforma al Poder Judicial, en lo que tiene facultades es el de revisar el proceso para aprobarla, que se hayan cumplido en todo su proceso legislativo, es decir que en o las Cámaras de Diputados o de Senadores, no se hayan violado derechos de los diputados minoritarios para poder participar y discutir el proyecto de reforma.
En referencia al no cumplimiento de la suspensión que se otorgó la Jueza dijo que “Por esta razón, Nancy Juárez recalcó que si el Gobierno mexicano no acata las suspensiones que han concedido los jueces, se estaría violando el Estado de derecho y el país viviría una anarquía. “De no cumplirse (las suspensiones), se traduce en una anarquía en donde cada quien va a hacer lo que quiera y no se van a respetar las leyes”, sostuvo”.
Entonces diremos que si puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una de sus integrantes como es la Juez Federal, anular lo que ya está publicado de la reforma judicial, si es que el proceso legislativo no se cumplió con lo que establece la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de la Ley Orgánica de los Congresos estatales, entonces si se demuestra que hubo violaciones al proceso legislativo para su aprobación, podría existir la posibilidad de que revisar ese proceso, y dar un giro para anular lo que ya está publicado, veamos el caso del Congreso del Estado de Oaxaca, que en cuatro horas aprobaron la reforma, es decir que en 4 horas pudieron estudiar más de 330 hojas que es la cantidad de fojas que esta contenía, solo por decir un caso, otro es que se citó a los diputados a otro lugar distinto para sesionar, en donde se sospecha que votaron personas que no fueron legisladores, por ello es que si se puede revisar dicho proceso, es decir que se haya cumplido con los derechos que tienen en cada uno de los parlamentos estatales y el federal.
Con esto decimos que no es la Presidenta la autoridad que puede decir si cumple o no lo ordenado, tienen que combatirla por los medios de impugnación adecuados, de lo contrario estamos ante una autoritarismo total.