Trinidad Zamacona López
“Todos tienen derecho a la justicia, pero no todos la alcanzan”.
Esta frase viene por lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) aquí se dio a conocer la lista de los mil 46 aspirantes elegibles por el Comité de Evaluación, de los tres poderes de cara a la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, entre cuyos candidatos destacan los nombres de exfuncionarios y familiares de reconocidas personalidades de la política nacional, y del propio Poder Judicial Federal, esto para que no haya sorpresas o sorprendidos, ya que estos no estaban impedidos para hacerlo, siendo un derecho según para todos los juristas del país.
Esta información le toco darla a los tres comités de evaluación de los poderes de la Unión, al difundir las listas de aspirantes a Jueces, Magistrados y Ministros que pasan a la segunda fase del proceso de elección; por su parte viene la primera violación y fue la del Poder Legislativo, ya que no publicó la nota en un sitio en Internet, como debió hacerlo por ley, sólo distribuyó un minuto antes de la medianoche la lista entre los periodistas de la fuente y con nombres repetidos, ello ya viola el principio de transparencia en un proceso electoral, cuyo principio es ser claro ante los ojos de la sociedad, por lo tanto los afectados podrán impugnar dicha omisión de unos de los comités, pues esta así establecido para que sea un proceso que no se preste a malas interpretaciones.
Pero vayamos por partes, miren de un total de 18 mil 447 aspirantes que se anotaron en el comité de evaluación del Ejecutivo federal pasaron el primer filtro 11 mil 15, es decir, se redujo casi 40 por ciento, claro está que muchos por no haber cumplido los requisitos, esto según el propio comité, no dan a conocer quiénes y que requisitos fueron los que no cumplieron, otra vez se viola el principio de transparencia en materia electoral.
El omiso Poder Legislativo, a través de su comité recibió 10 mil 959 aspirantes, pero en el documento que circularon se registraron en las fuentes que cubren el parlamento, solo 7 mil 177 nombres son los que según cumplieron con los requisitos, casi 35 por ciento menos. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en nombres repetidos, como el de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, aspirante a ministra de la Corte, ella es nada más y nada menos que esposa de Rafael Macedo de la Concha, ex procurador en el sexenio de Vicente Fox, vienen más nombres conocidos, un poco más adelante los daremos a conocer por lo pronto diremos que todos tienen derecho a la justicia pero no todos la alcanzan, pues los que se inconformen tienen muy pocas posibilidades de ganar el juicio.
Por otro lado el comité del Poder Judicial Federal, recibió un total de 3 mil 814 aspirantes, de todos esos solo quedaron mil 46, lo que significa que eliminaron a más de 73 por ciento, esto son los que saben que requisitos se deben de cumplir para que sean los mejores seleccionados, a ellos son los que le quitaron la carrera judicial, esto que significa, bueno pues implica que ese órgano será el único al que le faltarán candidatos para cubrir magistraturas de circuito, pues con los que seleccionaron no alcanzan el número de aspirantes para los cargos vacantes que existen en este comité.
Lo que sigue es que una vez conformadas las listas de aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, seleccionados por los comités, estos tienen hasta el 31 de enero de 2025 para calificar la idoneidad de cada uno y publicar un listado de las personas mejor evaluadas, pero también tendrán que decir quienes no quedaron o no fueron seleccionados y porque? los inconformes tienen derecho a presentar recursos de impugnación en materia electoral como es el Juicio Para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, que aún sigue siendo un medio de control constitucional.
Según en los medios de impugnación, las personas que no resultaron elegibles podrán pedir la revisión de su caso. Por ejemplo, los que se anotaron en el comité del PJF pueden presentar un recurso ante la SCJN, el cual deberá analizar el pleno a más tardar en enero, según los lineamientos para esta elección, sin embargo al ser cuestión electoral le corresponde conocer al TRIFE, y no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero como están las cosas todo puede pasar, se enlistaron en un proceso sin reglas claras, sin medios de impugnación bien establecidos para que no se les violaran sus derechos humanos a un proceso, con principios como el de trasparencia, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad; estos principios son los que carece dicho proceso.
Ya para el 4 de febrero del 2025, esta es la fecha límite para que los comités de evaluación realicen el proceso de insaculación pública, a fin de ajustar el número de postulantes a cada cargo y observar la paridad de género y para publicar los resultados, sin haber esperado los resultados de quien haya impugnado por no haber quedado en el primer filtro.
Después ya juntos los tres poderes revisarán y depurarán dichas listas y tendrán hasta el 6 de febrero, para luego ser enviadas al Senado, que a su vez las remitirá al INE a más tardar el 12 de febrero, para esas fecha el órgano electoral ya debe de tener todo programado, número de casillas, lineamientos para los aspirantes que harán campaña, y todo el personal deberá de conocer toda la logística para dicha elección inédita en todo el país.
Para competir en la elección deberán ser 10 personas para los cargos de Ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual número para magistrados de la sala superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TRIFE), y Magistrados del Tribunal de Justicia, y seis personas para los cargos de Magistrados de circuito y Jueces de Distrito, esa es la magnitud de la elección.
Para el 2025, en las elecciones judiciales del primero de junio, se disputarán 881 cargos, entre ellos 464 para magistraturas de circuito, pero el comité sólo aprobó como elegibles a 398 aspirantes para las magistraturas.
Los requisitos usted ya los conoce, la nacionalidad mexicana, edad mínima para el determinado cargo, experiencia profesional, formación académica y mínimo de calificaciones, no haber sido condenados por delitos graves y cartas de recomendación que muestren su honestidad y probidad, expedidas por sus vecinos entre otros.
Entre las seleccionadas están Marisela Morales Ibáñez, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, también esta, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, aquí puede no pensar que habrá favoritismo con ella, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, esposa de Rafael Macedo de la Concha, exprocurador en el sexenio de Vicente Fox, también relacionada con la función pública y con el PAN.
La doctora Ana María Ibarra Olguín, exsecretaria de Estudio y Cuenta especializada en derechos humanos en la ponencia del exministro Arturo Zaldívar, es una de las seleccionadas, sin olvidar que, este último forma parte del comité de evaluación, veremos si reprueba a su ex subalterna. También esta Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, magistrado presidente del Poder judicial del Estado de México, Adriana Margarita Favela Herrera, exconsejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) se inscribió Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón, quien anunció su registro en el mes de noviembre, pero no apareció seleccionado, no ha dado declaración de que si va a impugnar o no.
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