Boletín
Chilpancingo, Gro. La diputada Marisol Bazán Fernández, a nombre de sus homólogas Glafira Meraza Prudente y Ana Lilia Botello Figueroa, así como del diputado Carlos Eduardo Bello Solano, presentó una iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, y de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con el propósito de incorporar en la legislación estatal el concepto de brecha salarial de género y establecer obligaciones claras para combatir la discriminación económica en el servicio público.
La iniciativa señala que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres persiste como uno de los fenómenos más arraigados en el ámbito laboral, derivado tanto de prácticas discriminatorias como de la precariedad laboral, la segregación ocupacional y la desproporcionada carga de cuidados que asumen las mujeres. Con base en datos nacionales e internacionales, se expone que estas condiciones limitan el desarrollo profesional y reducen el acceso a puestos de mayor jerarquía.
Además, se destaca que esta propuesta se alinea con la política nacional impulsada por el actual gobierno federal, que en 2024 promovió reformas de gran alcance para normar la igualdad sustantiva, la vida libre de violencia, el sistema de cuidados y la erradicación de la brecha salarial por razones de género. Dichas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de ese mismo año.
En concordancia con ese marco, la iniciativa plantea armonizar la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, estableciendo la obligación de garantizar remuneraciones justas, eliminar cualquier diferencia salarial basada en género e implementar acciones afirmativas que aseguren igualdad en el acceso, capacitación, ascenso y condiciones laborales.
Asimismo, el documento fundamenta su pertinencia en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención CEDAW y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030, que mandatan a los Estados promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la discriminación y asegurar condiciones dignas y equitativas en el empleo.
Las diputadas y el diputado promoventes refieren que incorporar explícitamente el concepto de brecha salarial de género en las leyes estatales permitirá fortalecer las políticas públicas, garantizar derechos laborales y avanzar hacia un servicio público más justo, igualitario y acorde con los principios internacionales en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva.
La iniciativa de reforma se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su trámite legislativo.