Boletín
Chilpancingo, Gro.– La Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático analiza una iniciativa de reforma y adición a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, con el objetivo de fortalecer el Fondo Auxiliar Ambiental Estatal, denominado “Fondo Verde”, como un instrumento clave para financiar acciones de conservación, restauración ecológica, mitigación y adaptación al cambio climático, así como la protección del bienestar animal. Todo ello mediante una gestión más transparente, participativa y con diversas fuentes de financiamiento.
La iniciativa, presentada por el diputado Alejandro Carabias Icaza, señala que Guerrero enfrenta graves problemáticas ambientales como la deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación de cuerpos de agua y aire, así como los efectos del cambio climático, entre ellos huracanes, inundaciones, sequías e incendios forestales. Estas circunstancias exigen una respuesta urgente, el replanteamiento de las políticas públicas y la implementación de estrategias de adaptación, mitigación y resiliencia.
El también coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM destacó que, si bien es necesario implementar una política climática integral y coherente, esta debe estar respaldada por un presupuesto adecuado enfocado en la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, así como en la atención de los daños ambientales causados por fenómenos naturales extremos. Asimismo, subrayó la importancia de promover el bienestar animal y prevenir los incendios forestales.
Agregó que las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal han provocado una reducción significativa en las partidas presupuestarias, afectando diversas áreas, incluido el sector ambiental. Esto ha limitado la capacidad de acción de instituciones estatales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN) y la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (PROPAEG).
Por ello, destacó la importancia de optimizar el uso de recursos extraordinarios, como los ingresos derivados del cobro de derechos, servicios y multas impuestas por la autoridad ambiental estatal. Estos ingresos podrían proporcionar un alivio financiero que permita a dichas instituciones cumplir con sus objetivos a través del “Fondo Verde”, creado en 2012 con el propósito de recibir aportaciones económicas para financiar la procuración de justicia ambiental y el desarrollo de programas de fomento ecológico, entre otras acciones.
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