Boletín
CHILPANCINGO. Con el propósito de crear una Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas en la estructura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno del Estado, que coadyuve a cerrar las brechas de desigualdad, fortalecer los derechos de las personas y generar políticas públicas efectivas y diferenciadas, la diputada Guadalupe García Villalva (Morena) propuso adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública.
En la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su correspondiente análisis y dictaminación, la legisladora señaló que de acuerdo con datos del Inegi 2020, en México había más de 2 millones de personas que se identifican como afrodescendientes.
Abundó que los 16 municipios con más del 40 por ciento de la población afromexicana, negra o afrodescendiente se encuentran en los estados de Guerrero y Oaxaca, mayoritariamente en la región de Costa Chica, y estos son Azoyú, Cópala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Marquelia, Juchitán y San Nicolás, donde habitan 51 mil 425 personas de esta ascendencia.
En ese sentido, la diputada señaló que no contar con un área específica en la atención al pueblo afromexicano, abre espacios a la discriminación, a la corrupción y a la impunidad en la esfera gubernamental; pero lo más grave, precisó, es la violación de los derechos humanos del sector, minando así la vigencia del Estado de derecho, socavando la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana.
Por todo lo anterior, García Villalva propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero para establecer la Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, cuyas facultades deberán establecerse en el Reglamento de la secretaría respectiva.
Iniciativas
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para establecer un plazo de 15 días naturales para que los servidores públicos proporcionen la información requerida por las comisiones o comités del Congreso local, con un segundo requerimiento de 5 días en caso de incumplimiento, y si la omisión persistiera, se prevé la comparecencia del funcionario ante el Pleno del Poder Legislativo, notificándose al Órgano Interno de Control para las acciones legales correspondientes.
En su oportunidad, la diputada Diana Bernabé Vega (Morena) planteó adicionar el Código Penal del Estado para tipificar como delito el uso indebido de drones, con sanciones de 3 a 20 años de prisión, cuando se utilicen para agredir a personas o bienes, para facilitar el transporte de drogas o armas, se atente contra las vías de comunicación o para violar la privacidad de las personas.
Por último, la diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado para tipificar los delitos de violencia mediática y violencia digital contra las mujeres, definiendo ambos conceptos y estableciendo su impacto en la integridad, privacidad y dignidad de las personas.
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