Boletín
Chilpancingo, Gro.- El diputado Jesús Eugenio Urióstegui García (Morena) propone tipificar como falta administrativa grave la desaparición, destrucción, ocultamiento o alteración de expedientes oficiales, estableciendo sanciones más severas y fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas en el servicio público.
En la propuesta se plantea reformar la fracción V del artículo 49 y adicionar el artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero. El legislador expone que esta iniciativa nace del compromiso irrenunciable con la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de cada persona a ser tratada con dignidad, ya que considera que no se puede permitir que la falta o desaparición de un expediente se convierta en la negación de un derecho.
Dijo que la desaparición, destrucción, ocultamiento o alteración de expedientes no solo vulnera procedimientos administrativos, sino que atenta contra la esencia misma del Estado de Derecho. “Sin expedientes íntegros y accesibles se socava la capacidad del ciudadano para ejercer sus derechos y se debilita la rendición de cuentas de las autoridades. Casos documentados evidencian cómo la falta de expedientes completos ha impedido a ciudadanos acceder a pensiones, servicios de salud, subsidios y otros derechos fundamentales”, expuso.
Explicó que la legislación vigente contempla la obligación de los servidores públicos de custodiar la documentación a su cargo, pero no establece de manera específica y contundente las consecuencias de la desaparición, destrucción, ocultamiento o alteración de expedientes administrativos, lo que permite que conductas lesivas para el interés público queden impunes o sean sancionadas de manera insuficiente.
Por eso propone la adición del artículo 64 Ter y la modificación de la fracción V del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, para tipificar como falta administrativa grave la desaparición, destrucción, ocultamiento o alteración de expedientes, estableciendo agravantes y sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta.
Se introducen agravantes específicas para que las autoridades administrativas puedan sancionar con mayor severidad cuando estas conductas impliquen actos dolosos, ocultamiento de corrupción o afectaciones graves al interés público. Sin embargo, el artículo 49 conserva su función original, sancionando conductas menos graves relacionadas con descuidos o faltas administrativas menores respecto a la documentación.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia.
Iniciativas recientes en el Congreso de Guerrero
- El diputado Julián López Galeana (MC) presentó una iniciativa para reformar el artículo 34 fracción IV, el artículo 35 y derogar los artículos 37, 39 y 40 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en materia de modificación de los requisitos para presentar iniciativa ciudadana. Busca eliminar la exigencia de recabar el 0.2% de firmas de la lista nominal y establecer que, una vez validada su procedencia legal, la propuesta sea asumida formalmente por un legislador local. Fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana.
- El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Número 845 de Cambio Climático del Estado de Guerrero, para establecer metas progresivas de transición energética hacia fuentes renovables y crear el Plan Estatal de Economía Circular, orientado a optimizar el manejo de residuos, reducir emisiones y armonizar la legislación local con los compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático. Fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
- El diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) presentó una iniciativa para derogar los artículos 328, 500 y 501, reformar los artículos 499 y 533 del Código Civil del Estado de Guerrero, y derogar la fracción II del artículo 38 de la Ley del Registro Civil del Estado de Guerrero, para hacer efectivo el derecho a la identidad y filiación de las niñas y niños nacidos fuera del matrimonio, garantizando el interés superior de la niñez y en cumplimiento de estándares constitucionales e internacionales de no discriminación. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
- El diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT) presentó una iniciativa para reformar las fracciones X y XI y adicionar la fracción XII al artículo 62 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Busca establecer la obligación de que cada administración municipal cubra en su totalidad los créditos fiscales y adeudos generados por servicios públicos o privados durante su periodo de gestión, evitando heredar deudas a los gobiernos entrantes y garantizando finanzas más sanas, transparencia y rendición de cuentas. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
- La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) propuso adicionar el párrafo segundo al artículo 72 y el párrafo cuarto al artículo 103 de la Ley de Salud del Estado de Guerrero, para garantizar que las personas indígenas y en situación de vulnerabilidad lingüística tengan acceso a intérpretes en su lengua de origen dentro del sistema de salud, asegurando diagnósticos y atenciones médicas dignas, equitativas y universales. Fue turnada a la Comisión de Salud.
- La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) presentó una iniciativa para reformar los artículos 349 y 350 del Código Penal del Estado de Guerrero, con el objetivo de actualizar y endurecer las sanciones contra la falsificación, alteración o uso indebido de documentos físicos y digitales, incluyendo aquellos generados mediante herramientas tecnológicas o inteligencia artificial, así como establecer agravantes cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad o cuando el hecho sea cometido por servidores públicos. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
- La diputada Marisol Bazán Fernández (Morena) presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el objeto de reducir el porcentaje de firmas requeridas del 0.2% al 0.05% de la lista nominal para la presentación de iniciativas populares, fortaleciendo la democracia participativa. Fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana.