Boletín
Chilpancingo, Gro. – Con el objetivo de garantizar los derechos de protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como víctimas indirectas de feminicidio, la diputada Leticia Mosso Hernández (PT) propuso adicionar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero.
En su iniciativa, que actualmente analiza la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la legisladora expone que en México existen más de mil 53 niñas y niños huérfanos cuyas madres fueron víctimas de feminicidio.
En ese sentido, subraya que es fundamental comprender que la violencia de género no solo afecta directamente a las víctimas, sino que sus consecuencias se extienden a sus familias y comunidades. Las niñas y los niños que quedan en situación de orfandad enfrentan no solo la pérdida de su madre, sino también el riesgo de verse atrapados en un ciclo de violencia que puede reproducirse a lo largo de generaciones.
Asimismo, advierte que su bienestar emocional y psicológico se encuentra en riesgo inminente, ya que muchas veces se ven inmersos en un sistema que no les brinda el acompañamiento necesario para sanar y reconstruir sus vidas.
Por ello, la diputada considera indispensable que el sistema jurídico y de justicia no solo reconozca la gravedad del feminicidio, sino que actúe con celeridad para prevenirlo y sancionarlo adecuadamente.
“Debemos elaborar legislaciones más robustas que no solo castiguen a los perpetradores, sino que también protejan a las familias de las víctimas. Esto incluye la creación de programas de apoyo psicológico y jurídico para las y los hijos de mujeres víctimas de feminicidio, asegurando que no queden desprotegidos”, puntualizó Mosso Hernández.
La propuesta contempla la inclusión de derechos específicos en la Ley 812 para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, enfocados en aquellos menores en situación de orfandad por feminicidio. Entre los aspectos considerados destacan el acceso a servicios de salud mental, apoyo psicosocial y jurídico, con el fin de brindarles herramientas que les permitan superar el dolor y desarrollar su potencial.
Finalmente, la iniciativa establece la obligación de garantizar su protección frente a cualquier forma de violencia o abuso durante su proceso de recuperación, todo ello en un marco de respeto pleno a su dignidad y derechos, fomentando entornos seguros que les permitan sanar y construir un futuro mejor.