Boletín
CHILPANCINGO. La diputada Gabriela Bernal Reséndiz presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para incorporar la perspectiva de “juventud en condiciones de igualdad y no discriminación”, para garantizar el goce pleno de sus derechos, propiciando su transversalización en los instrumentos de planeación de la política pública y presupuestal, en la legislación local.
Bernal Reséndiz manifestó que es urgente y prioritario adecuar los marcos normativos, para hacer realidad sus derechos y brindarles auténticas oportunidades de desarrollo, a partir de propiciar la perspectiva de juventud en la Constitución Política del Estado.
La legisladora expuso que en México la población joven se conforma por 37.5 millones de personas según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que representan el 31.4% de la población nacional, asimismo, de acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 se estima que existen 28.2 millones de jóvenes con algún tipo de carencia social.
Dijo, que, en el caso de Guerrero, los jóvenes representan el 32.2 por ciento del total de la población de la entidad y el 2.8 por ciento del total del país, por lo que deben de ser atendidos con políticas públicas y programas creados por las diferentes entidades públicas.
Asimismo, lograr la plena inclusión en un país tan diverso como lo es México y en un estado como Guerrero con profundas desigualdades sociales, tanto en aspectos culturales, socioeconómicas y regionales, como de diversidad de género, accesibilidad y capacidades diferentes, lo que supone un reto, no obstante, dijo, que se trata de un reto que como legislatura histórica de la paridad, deben afrontar y continuar en la ruta que conlleve a alcanzar el reconocimiento, inclusión, bienestar, así como dotar de mejores oportunidades a las juventudes guerrerenses en toda su diversidad.
La propuesta de reforma r el artículo 6 de la Constitución Política del Estado, fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.