Ayer se dictó una segunda vinculación a proceso al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, luego de 14 horas de audiencia en el segundo día consecutivo en el que se leyeron cargos en su contra. Sin embargo, pese a la relevancia de las imputaciones, la Fiscalía General de la República (PGR) no solicitó prisión preventiva en su contra.
En otras palabras, luego de que, según su abogado Miguel Ontiveros, permanezca “dos o tres días más” en el hospital privado donde se encuentra internado, gozará de libertad condicional durante el resto del procedimiento judicial al que ha sido sujeto por diversos delitos.
Es preciso insistir que la libertad condicional de Lozoya se debe, esencialmente, a que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero solamente solicitó que se le colocara un brazalete, se le retirara el pasaporte y las visas y se le prohibiera salir del País.
¿Por qué la FGR no considera que Lozoya debería enfrentar en prisión el proceso que se le seguirá en adelante? La pregunta es pertinente sobre todo porque a diferencia de la postura que ha asumido ahora la Fiscalía en el caso de la exsecretaria del gabinete de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, se consideró que “existía riesgo de fuga”.
¿Por qué en este caso no se tiene el mismo temor si, de acuerdo con los antecedentes del mismo, Lozoya Austin ya demostró su propensión a buscar escapar del brazo de la justicia?
Es importante recordar en este sentido que, al presentarse la primera denuncia en su contra, el exfuncionario se negó a comparecer a las audiencias que se le citó y huyó al extranjero obligando al gobierno mexicano a buscarlo por todo el mundo, hasta que fue detenido en España.
Contrario a esta conducta, Rosario Robles nunca buscó esconderse ni huir pero, a pesar de eso, la FGR insistió en la necesidad de mantenerla en prisión alegando que, de lo contrario, podría huir debido a que no había certeza de que tuviera “arraigo” en la Ciudad de México.
Otro detalle que es necesario resaltar en esta dicotomía es que los delitos de los que son acusadas ambas personas son esencialmente los mismos: delitos para los que no se exige prisión preventiva oficiosa, pese a que el presidente López Obrador repite, una y otra vez, que la corrupción ya es en México “delito grave”, es decir, que no permite la libertad bajo fianza.
La única explicación posible a esta conducta contradictoria es que los criterios más relevantes con los cuales se está “combatiendo” la corrupción desde el Gobierno de la República son de carácter político y no jurídico, lo cual no contribuye a documentar el optimismo.
Este episodio, por lo pronto, ha concluido. Ahora habrá que esperar medio año para que la FGR concluya su investigación. En ese periodo, nada concreto ocurrirá en relación al caso… salvo la recreación de una previsible guerra de papel derivada del interés político que para el Gobierno de la república tiene este caso “emblemático”.
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