Boletín
Chilpancingo, Gro.- La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos analiza una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), con el propósito de que las pensiones de las trabajadoras y los trabajadores vuelvan a calcularse en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA), restituyendo así un derecho laboral que garantice una vejez digna con justicia social.
Durante su intervención, la legisladora afirmó que esta medida representa un acto de justicia y un paso firme hacia la recuperación del poder adquisitivo de quienes entregaron su vida laboral al servicio del país, y que hoy enfrentan pensiones reducidas debido al uso de una unidad no vinculada al salario mínimo ni a la inflación.
Recordó que el cambio del salario mínimo a la UMA para el cálculo de pensiones fue una decisión tomada durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de una política que —consideró— afectó los derechos adquiridos por las y los trabajadores, al haber sido diseñada con fines meramente administrativos y fiscales.
Agregó que esta modificación ha generado impugnaciones, amparos, manifestaciones, resoluciones judiciales e incluso pronunciamientos de organismos de derechos humanos, por parte de diversos sectores que coinciden en que el uso de la UMA vulnera principios de progresividad y seguridad social consagrados en la Constitución y en tratados internacionales firmados por México.
Por lo anterior, la diputada Araceli Ocampo enfatizó que la reforma busca corregir este esquema desde los ámbitos jurídico, económico y moral, devolviendo a las y los pensionados el cálculo original de sus pensiones en salarios mínimos. Subrayó que la transición sería progresiva y responsable, con visión de Estado. “Esta es una deuda histórica con quienes confiaron en que el Estado garantizaría una vejez digna”, sostuvo.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Unión para atender esta legítima exigencia, asegurando que la iniciativa representa el compromiso de avanzar en la restauración de los derechos laborales, priorizando al pueblo y no a los intereses financieros.
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