Visto con buenos ojos pareciera que ante el aburrimiento por estar tanto tiempo encerrados en casa los funcionarios y seguidores del gobierno de López Obrador entraron en un concurso de ocurrencias. A falta de rifa de aviones sin aviones inventemos algo más descabellado. Conacyt tomó la delantera haciendo una propuesta para que los investigadores, voluntariamente, donaran de uno a tres meses de su beca del Sistema Nacional de Investigadores, el famoso SNI, a una cuenta de la Secretaría de Salud. No había terminado la tormenta que desató dicha propuesta cuando al presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, se le ocurrió la magnífica idea de usar al Inegi para hacer inspecciones visuales en las casas para detectar a sospechosos de evasión de impuestos. En el inter, la dupla Bartlett-Nahle acabó de un plumazo con los contratos de cogeneración de energías limpias. Como el país no tiene suficientes problemas vamos creando unos cuantos, pareciera ser la consigna.
En el caso de los donativos de Conacyt, lo que pudiera ser una idea altruista se convirtió en una bomba porque nunca pensaron en las consecuencias de una propuesta de esa naturaleza. El Sistema Nacional de Investigadores nació como un mecanismo de compensación a los académicos que sí generan conocimiento, pues resultaba imposible, y poco deseable, subir los sueldos a trabajadores universitarios que estaban ahí solo por razones políticas, nepotismo, amiguismo, cuotas sindicales, etcétera. La beca del SNI es parte del salario de los investigadores, pedirle a un grupo específico donar su salario era un despropósito. Más delicado aún fue que se pidió depositarlo a una cuenta de la Secretaría de Salud, sin un fin específico y comprobable de su destino.
La propuesta de fiscalización del presidente de Morena no solo no tiene pies ni cabeza, sino que puede tener consecuencias nefastas para el Inegi. Las facultades constitucionales, suficientes y necesarias, para cobrar impuestos y hacer revisiones las tiene el Sistema de Administración Tributaria (SAT). El objetivo y mandato del Inegi es generar información. Si dicha información se particulariza y tiene consecuencias punitivas los datos dejarán de ser confiables. Pero además, el señor Ramírez Cuéllar no podía hacer su propuesta en un peor momento, pues si el Censo 2020 quedó terriblemente comprometido por la epidemia de coronavirus, meter miedo a los ciudadanos de que la información podría utilizarse de manera punitiva solo enrarecerá el ambiente de por sí difícil para los encuestadores. La única explicación posible a semejante despropósito es que efectivamente lo que quieran sea nulificar al Inegi para mayor gloria del INOD, el Instituto Nacional de Otros Datos, con sede en Palacio Nacional.
En la cancelación de contratos de energías limpias, más allá del pésimo mensaje en cuanto a seguridad jurídica de la inversión, no es sino una vuelta más a la tuerca que ya hemos comentado: se confunde lo que es bueno para el gobierno con lo que es bueno para el país.
Demasiadas ocurrencias para una sola semana. El problema es que la vacuna para este virus de las ocurrencias, que se llama oposición y equilibrio de poderes, está más en pañales que la del COVID-19.