IRZA
Chilpancingo, Gro.- (IRZA).- La nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil obliga a los municipios a integrar brigadas comunitarias para reaccionar inmediatamente en caso de emergencias por desastres naturales, como primer respondiente.
Además, los 85 ayuntamientos deberán obligatoriamente contratar a personas capacitadas y certificadas en sus áreas de dirección de Protección Civil, y avaladas por la Secretaría del ramo del Poder Ejecutivo.
La iniciativa de reforma fue propuesta al Congreso local por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y aprobada durante la última sesión extraordinaria de este jueves.
La finalidad, explicó la diputada Patricia Doroteo Calderon, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Poder Legislativo, es que haya una reacción proactiva frente a desastres naturales.
El objetivo es que la comunidad sepa qué hacer y cómo reaccionar cuando se encuentre ante una emergencia, sin esperar la ayuda e intervención de las autoridades en competencia.
En conferencia de prensa posterior a la aprobación del dictamen, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, comentó que la nueva legislación contempla directrices de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Centro Nacional de Desastres Naturales.
A partir de la aprobación de esta, hay una nueva condición que obliga a la integración de las brigadas comunitarias a través de los municipios, localidades y colonias, para que sean parte del “primer respondiente”.
“Se dice que uno de los primeros respondientes, es el municipio, sin embargo, el primer respondiente debe ser el ciudadano de a pie, debe conocer qué hacer en caso de que se presente una condición que puede poner en riesgo a él mismo o a la comunidad”, indicó.
Pero también contempla la profesionalización y especialización de quienes ocupen las áreas de Protección Civil en los municipios, de lo contrario se les aplicará una sanción con base en la valoración de las instancias especializadas en la materia.
Aunque aseguró que la Secretaría de Gestión en el estado, será vigilante para que a partir de las siguientes administraciones municipales, las alcaldías cumplan la nueva disposición legal.
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