Por Dr. Trinidad Zamacona López
“Quienes pueden retirarlos de campaña son quienes los propusieron o bien, de manera voluntaria.”
En materia electoral en México, solo en estos supuestos se pueden cancelar las candidaturas a un cargo de elección popular:
Primero, que el candidato renuncie de forma voluntaria; segundo, que el partido lo sustituya por enfermedad o por resolución judicial (recordemos el caso de Félix Salgado Macedonio); y tercero, que el candidato sea privado de la vida, lo cual no se quiere ni se desea en este proceso electoral que está a dos meses.
Habíamos dicho en entregas anteriores que se debería cuidar mucho que en el proceso de elección del Poder Judicial no se permitieran candidatos con mala reputación, o que hayan estado involucrados en actos delictivos. Defender a personas que se dediquen a actividades ilícitas no es delito, pero se ve mal que sean candidatos a un cargo en el Poder Judicial. Bueno, eso no se cuidó, porque ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial cuidaron esas formas.
Ahora resulta que el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, reconoce que “se han detectado candidatos al Poder Judicial presuntamente ligados al narcotráfico”. Vaya forma de reconocer que no cuidaron ni las formas ni el fondo, es decir, no pusieron filtros para evitar que estos candidatos se registraran.
Ahora el senador Fernández Noroña “pidió al INE revisar estas candidaturas antes de la elección, a fin de que sean retirados aquellos candidatos vinculados con el crimen organizado”. Lo que se ve casi imposible, pues tienen que existir causas que justifiquen el retiro de las candidaturas. No dio nombres, y eso es grave, porque de ser cierto, a estas alturas del proceso, resulta casi imposible que eso suceda.
Aunque Fernández Noroña no dio nombres, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensores, sí los dio a conocer. En entrevista con Grupo Radio Fórmula dijo: “Un total de 13 candidatos han sido identificados como perfiles de alto riesgo en el marco de la elección judicial”. Según explicó, al menos seis de estos perfiles están presuntamente ligados al crimen organizado, lo que representa un serio riesgo para la seguridad y la integridad del sistema de justicia en México. También dijo: “Entre los casos más preocupantes figura Francisco Herrera, acusado de asesinato y de tener nexos con el narcotráfico.”
Meza advirtió que algunos de estos aspirantes podrían resultar electos debido a su popularidad en redes o sus conexiones políticas, lo que subraya la urgencia de revisar a fondo los perfiles y los mecanismos de selección para evitar que la justicia quede en manos equivocadas.
Eso es lo más preocupante: que las autoridades no hagan ninguna acción para frenar esas candidaturas, como son el INE, el TRIFE, o bien los poderes que los propusieron, y con ello se convierten en cómplices.
Insisto: la profesión no tiene que ser estigmatizada. La defensa es jurídica, es sin colores o nombres de capos o de cárteles. Se asume la defensa como una forma de ejercicio profesional. Pero para el caso de los cargos de elección, se deben cuidar los perfiles que se inscriben, es decir, la probidad. Y no ahora, que ya casi no se puede hacer nada para frenarlos. Eso es lo grave de la situación.
Noroña declaró a los medios de comunicación: “Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder; no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad.”
La pregunta es: ¿por qué lo descubren hasta ahora? ¿Qué no había comités de evaluación y selección de los mismos?
En sus declaraciones, el senador Fernández Noroña hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), organizador de las elecciones, y lo instó a que la revisión de las candidaturas de la elección judicial se realice antes de la jornada electoral, a fin de que sean retirados aquellos candidatos vinculados con el crimen organizado.
Lo que se ve imposible, faltando un mes para la elección, además de que no se cumplen los presupuestos jurídicos que mencionamos al principio de esta participación. Si ellos los propusieron, que ellos, con los elementos en la mano, pidan la cancelación de esos registros, y no el INE, que solo organiza las elecciones. De lo contrario, se estaría ante un acto arbitrario que atenta contra los principios de legalidad, certeza, equidad y seguridad jurídica.
Nadie los impugnó, ni lo harán, pues están legalmente registrados; cumplieron con los principios de elegibilidad, es decir, ese principio es el más importante al momento de exhibir los requisitos para ser elegibles al cargo por el cual se registran para competir.
Criticó que el INE va retrasado en el acuerdo para hacerlo, es decir, para cancelar las candidaturas, pero se le olvida que existen medios de impugnación en caso de que se les cancele la candidatura. Cada uno de los señalados va a recurrir el acuerdo del órgano electoral, y será el TRIFE quien determine si es legal o ilegal dicha cancelación.
Si ganan en el TRIFE, menos les podrán quitar el derecho de participar en la elección y ya tendrían un paso dentro del tribunal para el que están compitiendo, pues se les haría mártires de la democracia al impedirles participar, aun cuando cumplieron con todos los requisitos exigidos por la convocatoria y el decreto.
No olvidemos que este 1º de junio se realizarán elecciones para renovar el Poder Judicial en México, y se elegirán 881 cargos judiciales a nivel federal y 1,423 en los Poderes Judiciales Locales, que también se les puede llamar de fuero común.
El riesgo ya es inminente. Si el INE se echa el trompo a la uña de cancelar, el TRIFE tendrá que sostener esa cancelación. De lo contrario, serán imparables en la elección. Debe ser antes de la elección, de lo contrario la batalla el INE la perderá.