IRZA
Chilpancingo, Gro., (IRZA).- Este miércoles, un día después de El Día Internacional de las Mujeres, un grupo de trabajadoras de medios de comunicación llevó a cabo en esta ciudad capital una marcha y un mitin para condenar la violencia que de todo tipo, incluido el feminicidio, sufren las féminas en este país.
Las periodistas marcharon de la estela del Bicentenario hacia la pequeña explanada Unidos por Guerrero, en donde leyeron un pronunciamiento con el que rechazan
“una realidad que avasalla los esfuerzos en la defensa y el acceso a la justicia de las mujeres, nos sumamos a las protestas del 8 de marzo para reivindicar nuestros derechos”.
Recordaron que en 2017 un grupo de reporteras de esta capital se unieron “de manera simbólica a la huelga global en defensa de los derechos y la justicia para las mujeres”. “Este camino nos ha permitido comenzar un diálogo entre nosotras sobre las difíciles condiciones que enfrentamos y vincularnos con los movimientos de mujeres periodistas en el país”.
Dijeron pertenecer a la Red Nacional de Periodistas y a la organización Comunicación e Información de la Mujer.
Señalaron que esa Red trabaja desde hace más de dos décadas “para que los medios de comunicación tengan en su agenda los derechos humanos de las mujeres. Desde este espacio, que hemos construido entre todas, nos acompañamos y trabajamos por ejercer nuestra labor de manera libre y sin violencia”.
Explicaron que en el “contexto del día internacional de la mujer, queremos hacer visible la situación en las que las mujeres periodistas de México estamos ejerciendo nuestro trabajo”.
Y que en su labor han constatado “los múltiples tipos de agresiones, amenazas y riesgos que a lo largo y ancho del país se ciernen en contra de nosotras en el desempeño de nuestro trabajo, de nuestro derecho a informar, y de ejercer ambos de manera segura y sin riesgo para nuestra integridad, seguridad física, emocional, económica y de nuestras familias”.
Añadieron que en los poco más de 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuatro mujeres periodistas “de larga trayectoria y reconocidas por su trabajo en las localidades donde lo ejercieron, fueron asesinadas”.
Se trata de Norma Sarabia Garduza, asesinada el 11 de junio de 2019 en Huamanguillo, Tabasco; María Elena Ferral Hernández, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz; Michelle, ultimada el 22 de febrero de este año en Ciudad de México, y María de Lourdes Maldonado López, asesinada el 23 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California.
Aseveraron que en la Red y la organización Comunicación e Información de la Mujer “hemos documentado todo tipo de incidentes que vulneran el trabajo, la vida personal, la integridad física o emocional de mujeres periodistas en prácticamente los 32 estados del país”.
Expusieron que “661 agresiones están registradas de diciembre de 2018 a la fecha, de tipo físico, laboral, digital, amenazas, etcétera. Las difíciles condiciones para el periodismo mexicano se han recrudecido en las últimas dos décadas. Y frente al actual gobierno federal, exigimos medidas concretas, compromiso de los diversos niveles de autoridad, trabajo diligente y con resultados palpables, particularmente de las responsables de la procuración y la impartición de justicia, es decir, las fiscalías y los poderes judiciales de los estados y federales, porque está demostrado que el mensaje que manda la impunidad es contundente para abrir las puertas a cualquier agresión”.
Denunciaron que enfrentan “desigualdad salarial, acoso laboral y sexual, sumado al alto riesgo que implica nuestra labor en un país donde el informar, ejercer la libertad de expresión y mostrar el uso indebido del ejercicio del poder, puede costar la vida”.
Denunciaron que es “cada vez más frecuente carecer de un contrato por escrito que establezca la relación laboral con las empresas, las prestaciones sociales son nulas y se trabaja sin acceso a servicios de salud, vivienda, o guarderías y eso también es violencia, de la que poco se habla”.
Afirmaron que “los dueños de medios de comunicación en el discurso de optimizar recursos por escasez de ingresos como efectos la pandemia Covid-19, reducen la cantidad de personal y elevan la carga laboral sin incrementar los sueldos. Debemos dejar de ver el ejercicio periodístico como sinónimo de precariedad, de penurias y violencia”.
En ese sentido exigieron a las “autoridades y dueños y directivos de medios de comunicación impulsar las acciones para garantizar contrataciones dentro de los marcos legales, contar con seguros de riesgos, acceso a prestaciones, horarios como marca la Ley y pago de horas extras, aplicando la perspectiva de género”.
Y que en el marco de la iniciativa para una Ley general de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que impulsa el gobierno federal, “demandamos que con toda seriedad se abra el diálogo directo, se escuche e incorporen las propuestas y demandas que las mujeres periodistas tenemos para que el nuevo ordenamiento cuente con una verdadera perspectiva de género y se base en las condiciones reales en que desempeñamos nuestro trabajo, en el origen de las agresiones, el perfil de los agresores y en los resultados de la procuración e impartición de justicia frente en los casos denunciados”.
Exigieron además a las autoridades “al más alto nivel de la república un sentido amplio de responsabilidad para reconocer la función social del periodismo y su aportación a la vida democrática del país, sin menoscabo del respeto a la crítica y a la libre opinión. Esto es lo que compete a un Estado plural, respetuoso de los derechos humanos y las garantías de toda persona y, en nuestro caso, de las periodistas.
¡Nos queremos libres, nos queremos vivas y nos queremos informando!”, finaliza el posicionamiento. (www.agenciairza.com)