/ Nayeli Rubí Pérez Ochoa.
Ha sorprendido a la población católica la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la violación al principio de laicidad, que, en palabras llanas, significa la separación entre el Estado y las Iglesias, así como la libertad de creencias religiosas.
Recordemos que en el territorio Mexicano, existen más de 247 religiones, pues un considerable número de pobladores no especifica su religión, sin embargo, profesa una, esto de acuerdo con cifras del INEGI resultantes de la “Clasificación de Religiones 2020”.
En necesario hacer la aclaración de que los eventos que han tenido lugar hace menos de una semana con motivo de las festividades de día de muertos, se encuentra englobado entre la concepciones históricas y culturales de México, no como una religión, ya que en los cultos prehispánicos la muerte se consideraba como uno de los elementos principales de su cultura, y su origen histórico viene desde la época de los mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de México.
El Estado debe tener una postura neutra ante las múltiples creencias de las personas, debe respetar las manifestaciones que se realicen, así como sus espacios, lo que no debe hacer, es erogar cantidades pertenecientes al erario público para la difusión y culto a una religión en particular.
Eso fue lo que sucedió en el Municipio de Chocholá, Estado de Yucatán, que mediante el decreto 159/2022, relativo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, se clasificaron como fuente de financiamiento los asuntos religiosos, y en cuanto al ejercicio fiscal actual (2022) se estableció como área estratégica a los gastos relacionados con actividades religiosas.
Aclarado lo anterior, debe considerarse no sólo atinado el proyecto de sentencia del amparo en revisión 216/2022 a cargo del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sino también justo y apegado a derecho, pues si bien es cierto que la población católica es mayoritaria en el país, de acuerdo con cifras expuestas en el proyecto, el 77.7% de la población manifestó formar parte de la religión católica; cifra que, en el Estado de Yucatán, es del 74.3%.1, de conformidad con el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2020, en donde es visible una disminución de creyentes pertenecientes a esta religión si se compara con años anteriores.
Es reprobable que el Municipio, sin considerar que la laicidad del Estado Mexicano se encuentra elevada a rango constitucional en el artículo 40, considere correcto el destinar dinero para apoyar y promover cierta religión en particular, considerando que un 22.3% de la población no comparte esa religión, y que históricamente se ha realizado una lucha para erradicar la intervención de cualquier religión dentro de las decisiones que toma el Estado.
Pero, qué se puede esperar que haga un Municipio, si a nivel nacional se da un mal ejemplo, pues como todos sabemos, cada que un “Jefe del Estado del Vaticano” visita este país, se realizan gastos millonarios, que por supuesto salen de las contribuciones de todos, independientemente de la religión profesada.
La última y ojalá irrepetible ocasión sucedió cuando vino a México el Papa Francisco, durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, quien, en compañía de su flamante esposa realizó una Ceremonia Oficial de Bienvenida en el Palacio Nacional, sí a un líder religioso, claro, en completa inobservancia de la Constitución.
Es de entender que un cambio en este sentido, causará gran inconformidad, por lo menos en principio, pero seguramente en un futuro será provechosa para el bienestar general, porque no se está coartando la libertad religiosa de nadie, sino que se limita el actuar del Estado, para que actúe de conformidad y en observancia a la neutralidad que debe revestirlo.