Armando Ríos Piter
La descentralización del sector salud en México arrrancó en la década de los ochenta con el propósito de redefinir las funciones y atribuciones tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. El llamado “cambio estructural para la atención de la salud”, comprendió una renovación legislativa y una reforma administrativa que buscó universalizar la prestación de servicios de salud, haciéndolos extensivos para todos los mexicanos.
Con el paso del tiempo, el objetivo de proveer servicios de salud con eficiencia, calidad y equidad a la población abierta, no se logró a cabalidad. No se logró abatir la dependencia de los estados y municipios respecto del gobierno central y la confusión en relación con las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno creó grandes vacios en la rendición de cuentas.
La creación del Seguro Popular significó una mejora sustantiva por la “certidumbre” financiera sustentada en aportaciones federales y estatales, el incremento en la atención a personas “no aseguradas”, la reducción del “gasto de bolsillo” de los usuarios de menores ingresos y la claridad respecto al catálogo de servicios brindados. Adicionalmente, sentó las bases para un crecimiento del sistema de salud de acuerdo a la demanda descentralizada y problemáticas regionales.
No obstante, pese a que el diseño original partió de un buen diagnóstico, con el paso del tiempo se presentaron problemas. La asignación de recursos presupuestales como porcentaje del PIB no creció sustantivamente (5.6% frente al 9% del PIB en paises de la OCDE). Por otro lado,en varios informes de la ASF, se enfatizó la deficiente rendición de cuentas del ejercicio de los recursos financieros, principalmente de los gobiernos estatales. Derivado de ello, la población más pobre del país -46% de los hogares afiliados- en 2015 seguía pagando de su bolsillo la atención médica, hospitalaria o medicamentos.
Frente a esta situación, en lugar de eliminar las áreas de corrupción, blindar los mecanismos para la atención e incrementar los recursos presupuestales como porcentaje del PIB, la decisión del gobierno de López Obrador fue extinguir al Seguro Popular y empezar desde cero.
En sustitución se creó el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi), buscando re-centralizar el sistema de salud. Hasta hoy, pese a la promesa de “universalizar de forma gratuita los servicios en la materia”, persisten enormes confusiones en torno a las reglas de operación del Insabi, deficiencias graves en temas tan dolorosos como la falta de medicamentos y servicios, así como falta de claridad sobre la sostenibilidad financiera.
Por eso preocupa profundamente que la semana pasada, el gobierno Federal planteara nuevos cambios en el sistema de salud como disolver la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que sus áreas se conviertan en elementos de la Subsecretaría de Hugo López-Gatell. Este organismo tiene la responsabilidad de garantizar la eficacia, seguridad y calidad de productos que se consumen en el país, que representan alrededor del 9.6%% del PIB (44 centavos de cada peso que gastan en promedio las familias mexicanas) y 11% de nuestras exportaciones.