Trinidad Zamacona López.
En nuestro comentario del día de ayer, habíamos dicho que la Cámara de Diputados las fuerzas políticas al interior del parlamento no se ponía de acuerdo en la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado.
Habría que decirlo en la Cámara de Diputados existen grandes intereses, no nada más por nombrar al titular, sino también el nombramiento de los auditores especiales, este es un asunto que dejó pendiente la LXII legislatura, en donde tampoco se pusieron de acuerdo y no se nombró al Auditor Superior del Estado, en ese entonces la operación se frustró por intereses ajenos al propio Congreso, hoy pasó lo mismo.
La LXIII legislatura prefirió darle seguimiento a lo que dejó pendiente su antecesora, y el coordinador de los Morenista quiso dar un albazo al presentar una terna de entre los que se inscribieron de acuerdo a la convocatoria del seis de julio del dos mil veintiuno, pero no triunfo, ningún integrante de la terna alcanzó la mayoría calificada que establece la ley.
Morenista y priistas se enfrascaron en señalamientos de ilegalidad tanto en el procedimiento legislativo, como en el administrativo de que no se ajustó la convocatoria para la sesión a lo que establece su propia ley orgánica.
Al final se fueron a la votación con una terna de los que se inscribieron en la convocatoria de la legislatura pasada, Olivia Valdovinos Sarabia obtuvo 24 votos, Héctor Gervacio Jiménez 18 y Odiseo Rubio Vejar cero.
Se las vuelven a aplicar a los participantes y al propio Alfredo Sánchez Esquivel, los tres participantes no alcanzan la mayoría calificada es decir 31 votos de los 46 diputados que tiene la Cámara de Diputados local, por lo que solo Valdovinos Sarabia obtuvo una mayoría simple lo que no le alcanza para ser titular de dicho órgano auxiliar del Congreso y poder así iniciar a fiscalizar los recursos públicos del gasto del gobierno, para su designación debe obtener las dos terceras partes de los integrantes de dicha legislatura.
La Auditoría Superior del Estado, lleva más de seis meses sin titular, y en próximos días se vence también la renuncia del encargado de despacho, al surtir efectos el día 16 de enero del presente año.
Aunque se argumentó de que el asunto era urgente y de obvia resolución porque la ASE se encuentra acéfala, pues quien ocupaba la titularidad renuncio desde hace más de seis meses, a los diputados no les importó ese hecho y prefirieron mejor confrontarse en un debate de acusaciones de ilegalidades y agandalles para la designación de dicho funcionario.
Cierto o no, el asunto no es como el de la designación del titular de la Fiscalía General de Estado, en donde establece que si no se designa al fiscal se le avisa a la titular del poder ejecutivo y esta la designa de manera libre y solo el Congreso del Estado le deberá de tomar la protesta de ley, aquí es diferente, si no se alcanzó la mayoría calificada, los dos terceras partes, 31 votos de los diputados, no se puede designar a la responsable de fiscalizar los recurso que se gasta tanto el gobierno estatal los ayuntamiento y los organismos públicos descentralizados, incluido el propio Congreso Local.
Qué tan grave es que no se tenga a un titular en dicha dependencia, si hablamos fiscal y económicamente representa una omisión y responsabilidad política para todos los que integran la LXIII legislatura local, porque anteponen intereses personales o de grupos, ante el interés colectivo de los guerrerenses.
Ahora queda para esta legislatura local, reivindicarse con la legalidad, lanzar una nueva convocatoria, respetar los plazos tanto para convocar a las sesiones, como el de que las comisiones respectivas emitan sus dictámenes correspondientes en este rubro.
Reformar la Constitución local, la Ley Orgánica del Congreso, la ley de archivo, la ley 1028 de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Guerrero, para que se establezca un procedimiento especial cuando los que participen no alcancen la mayoría calificada.
El ejercicio que se está practicando en la actual legislatura no es malo, pero si pone en peligro por un lado la fiscalización de los recursos públicos, por otro lado la trasparencia y rendición de cuentas de aquellos que son funcionarios públicos y tienen en su mano presupuestos que deben ser vigilados de que se apliquen bien, eso debe de responder al no robar, no mentir y no traicionar al pueblo que les dio su confianza.
Por mucho tiempo el partido tricolor se despachó con la cuchara grande, no solo designaba al titular de la ASE, sino que también ponía a modo a los auditores especiales, es decir que quien vigilaba el gasto público eran aliados del titular del poder ejecutivo, así como se podía ejercer una buena fiscalización en el gasto, nomás no se puede.
Morena debe de ser diferente a esa prácticas desleales, aparentar ser transparente y legal, y hacer todo lo contrario a la ley, tiene todo para pasar a la historia, pero así no se puede, o se ponen las pilas o pasaran sin pena ni gloria en esta legislatura local.