Todo es extraño y confuso. Nada está claro y, a pesar de la relevancia política, social y mediática del asunto, son las filtraciones y el manejo intencionado de la información lo que prima. Nos referimos, desde luego, al tema del momento, al “Caso Lozoya”, que ha sido planteado -mediáticamente, desde luego- como un “parteaguas” en la lucha contra la corrupción.
Ayer, un juez federal presidió la inusual audiencia del “caso del momento”, con un detenido que se encuentra en la suite de un hospital privado y sin que el video del evento pudiera ser visto por nadie más que las partes en el proceso. Lo que sabemos de éste es sólo aquello que un desconocido funcionario del Consejo de la Judicatura Federal nos contó a través de un chat de mensajería instantánea.
Al final, según se informó, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue vinculado a proceso y permanecerá, en calidad de detenido y portando un brazalete, en el cuarto de hospital a donde fue conducido desde que pisó suelo mexicano luego de ser extraditado desde España.
En términos estrictamente técnicos, a Emilio Lozoya se le ha dictado una medida cautelar que implica monitorear sus movimientos, pero extrañamente también se ordenó que se mantuviera la vigilancia policial en el inmueble donde se encuentra.
¿Se le dictó entonces prisión preventiva pero en tanto esta puede ejecutarse le han colocado de forma provisional un brazalete? O, más bien, como afirma el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿la vigilancia policial es para “garantizar su seguridad” porque corre peligro?
Las preguntas no hacen sino acumularse conforme pasan los días y las respuestas que se van ofreciendo no hacen sino multiplicar las dudas.
¿Cuál es la calidad real de Emilio Lozoya en términos judiciales? ¿Cuál es el trato que la Fiscalía General de la República hizo con él y sus abogados? ¿Se le va a juzgar y a condenar por los delitos que necesariamente debería confesar si, como se ha dicho, ha decidido “cooperar” con las autoridades?
No se trata de preguntas triviales, sino de cuestionamientos de la mayor importancia que deberían quedar perfectamente respondidos de cara a la opinión pública, pues de lo que estamos hablando es de esclarecer lo que el propio Gobierno de la República ha bautizado como uno de los más escandalosos casos de corrupción del pasado reciente.
De entrada parece claro que el primer compromiso de las autoridades mexicanas para con Emilio Lozoya es que no pise la cárcel. Pero eso, ¿es sólo temporal o implica que finalmente no se le juzgue sino que, al final, se le deje en libertad y se le permita disfrutar del dinero con el que ilegalmente se benefició según sus acusadores?
Rara forma de combatir la corrupción, al menos hasta ahora: realizando un proceso penal en la opacidad, “administrando” la información que se le entrega al público pero, sobre todo, usando abiertamente con propósitos electorales un caso que, al menos hasta el momento y en el terreno estrictamente judicial, ha hecho mucho ruido pero mostrado pocas nueces.