Armando Ríos Piter
Por sus implicaciones políticas, económicas y sociales, la iniciativa presentada por parte del presidente López Obrador en materia de energía eléctrica, sin duda alguna es uno de los temas de mayor relevancia para el presente sexenio. Después de que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se modificó la Constitución General de la República con el fin de abrir el mercado para la participación de la Iniciativa Privada en materia de generación de electricidad, la izquierda en el poder ha decidido dar marcha atrás a dicho modelo.
Desde su aprobación el sexenio pasado, se criticó que la reforma peñista se había excedido en promesas. Las expectativas de menores tarifas eléctricas y la baja en los precios del gas no se cumplieron a cabalidad. Si bien, al cierre del sexenio pasado se habían logrado mantener sin variaciones abruptas las tarifas del sector doméstico de bajo consumo, a inicios del 2018 el sector comercial e industrial llegó a reportar incrementos de hasta 40%. Lo cierto es que muchos analistas coinciden en que comparado con otros países donde procesos similares tardaron hasta 15 años, en México se intentó madurar de manera muy acelerada la Reforma.
Ante el incumplimiento de algo que se “sobre-utilizó para vender” la propuesta, hoy los distintos consumidores al no ver un recibo de luz más barato, se sienten engañados. Cambios en este tipo de mercados requieren de tiempo para adaptar y afinar lo que no funciona, pero para que verdaderamente le hagan sentido a la población, es importante informarla e involucrarla, lo que jamás ocurrió. Como muchas cosas que se promovieron en la administración anterior, los acuerdos cupulares cuando no cuentan con el consentimiento pleno de la población, cuando no promueven su participación y especialmente su apropiación, sufren duros reveces.
Cuando se trata de responderle a los consumidores ¿cómo tendrán recibos de luz más baratos?, el debate sobre quien produce la electricidad, si es la Comisión Federal de Electricidad como representante del Estado Mexicano o la Iniciativa Privada, se vuelve ocioso, si éste se realiza únicamente bajo una perspectiva ideológica. Hay que revisar qué modelo es más eficiente y proyectar su sostenibilidad para los próximos años.
Lo que se necesita es saber, ante todo, ¿cuál es la mejor forma de invertir como país, para generar energía accesible y barata, se trate de inversión pública o privada?
No se trata de un debate sobre quien es más nacionalista, sino sobre como financiamos mejor nuestras oportunidades de futuro. Para aminorar las tarifas de electricidad, se requiere reducir los costos de generación, invertir en plantas más eficientes y hacerlo apoyados en tecnologías que sean mucho más limpias.
El debate no es menor, la competitividad de la planta industrial mexicana, la capacidad de generación de riqueza de millones de negocios en distintas regiones del país y por ende, de su capacidad para crear empleos tiene mucho que ver con lo que pagan de luz. Si a esto añadimos que problemas ecológicos y medioambientales ya afectan a la población -nacional y global- por el uso de tecnologías altamente contaminantes, entonces la discusión se vuelve mucho más trascendente.
Por lo pronto, el análisis ha iniciado. Habrá que revisar a fondo si estamos gastando de más por tener que comprarle a los privados. La iniciativa de AMLO argumenta en su exposición de motivos, que la energía no despachada de la CFE -que no es priorizada por resultar más cara que la renovable de privados a la que no se les cobra la transmisión y se le dan incentivos como los certificados de energía limpia -asciende a 45% de la capacidad de la CFE. Esto representa unos 215,400 millones de pesos anuales desde el 2017, además de 222,900 millones por lo que le tiene que comprar a privados dada su obligación del suministro básico del país.