Siguiendo los dictados de Palacio Nacional, la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó ayer en lo general -y hasta el momento de cierre de esta edición- el proyecto de decreto mediante el cual se extinguen 109 fideicomisos que sirvieron hasta ahora para garantizar el financiamiento de actividades específicas.
La discusión sobre el particular ha sido larga y, en general, reviste una complejidad técnica que impide la socialización más amplia de los argumentos porque se trata de mecanismos para garantizar que ciertas responsabilidades del Estado Mexicano se cumplan.
La simplificación discursiva, característica de esta administración, ha vendido la idea de la liquidación de los fideicomisos con su argumento favorito: se trata de combatir la corrupción que ha caracterizado el ejercicio del poder público en nuestro país.
El problema es que el asunto no es tan simple.
Por un lado, es preciso reconocer que la hipótesis de Andrés Manuel López Obrador -que los fondos de tales fideicomisos no se han manejado con honestidad y transparencia- es plausible, es decir, que no puede desechársele sin más.
Pero, por el otro, también es obligado señalar que todas las generalizaciones conducen, por regla general, al error. En otras palabras, aunque es posible que puedan detectarse casos de malos manejos o ejercicio indebido de los recursos, no puede afirmarse que esa es la regla y, en consecuencia, es motivo suficiente para desaparecer mecanismos que garantizan recursos para proyectos tan relevantes como la investigación científica, el arte o el deporte.
Por otra parte, como se ha dicho a propósito del discurso manido del Presidente de la República sobre la corrupción, la solución al problema no puede ubicarse en la desaparición de aquellos espacios de la vida pública en donde se detecten prácticas ilegales.
Si alguien -quien sea- se ha beneficiado indebidamente de los recursos que se encuentran en los fideicomisos, lo que corresponde es abrir las investigaciones correspondientes, perseguir a los responsables de tales conductas y castigarles conforme a la ley.
Por desgracia, como lo hemos atestiguado en múltiples ocasiones, el presidente López Obrador prefiere la técnica que, de acuerdo con los historiadores, se atribuye a Alejandro Magno cuando fue enfrentado al problema del nudo gordiano: sacar la espada y cercenar el problema porque “es lo mismo cortarlo que desatarlo”.
Pero a ese paso, es necesario decirlo, habría que desaparecerlo todo, ya que difícilmente puede encontrarse un espacio gubernamental libre de corrupción, pues la perversión de los mecanismos de la vida pública será siempre una tentación para quienes tienen su control.
El ruido que la confrontación política genera hoy impide ver con claridad los efectos nocivos que puede tener la desaparición de los fideicomisos públicos que ayer votó el Congreso de la Unión. Pero, para infortunio colectivo, lo más probable es que no tardemos mucho en comenzar a percibirlos con dolorosa claridad.