José Javier Romero Vadillo
Finalmente, López Obrador echó a andar la consulta, prometida desde su campaña electoral, para preguntarle al pueblo justiciero si quiere que sean juzgados los expresidentes. Sabe el Presidente que se trata de un proceso notoriamente inconstitucional y debe saber que para la Suprema Corte sería suicida aprobar su procedencia, pues significaría un aval a la demolición del Poder Judicial y de la Fiscalía: ¿de qué servirían la judicatura y el ministerio público si Fuenteovejuna va a decidir a quién procesar a mano alzada? El impacto simbólico sería devastador y encarrilaría al país en la peligrosa ruta hacia los tribunales revolucionarios, donde Fuenteovejuna también decidiría a quién condenar.
Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte le serviría a López Obrador para seguir desprestigiando al Poder Judicial, algo sencillo en un país donde los jueces han sido parte del arreglo patrimonial del régimen, tradicionalmente han subordinado sus decisiones a la política y han favorecido a quienes han pagado por sus servicios. Si bien durante los años de la denostada transición democrática, a partir de la creación del Consejo de a Judicatura Federal, el sistema de justicia federal se ha reformado y ha cambiado en el margen, los poderes judiciales locales siguen siendo, en su mayoría, venales o dóciles al poder.
La Suprema Corte debería reaccionar con firmeza a la pretensión presidencial para reafirmarse como poder soberano de la Unión, pero al mismo tiempo debería proponer un proyecto propio de reforma y depuración, anunciado ya sin concreciones por el Ministro Presidente. De ser así, el reto presidencial serviría como acicate para buscar su fortalecimiento y aumentar su legitimidad. Sin embargo, la Suprema Corte puede acabar entrampada el garlito que le ha puesto López Obrador.
En la vorágine destructiva del Presidente contra todo lo hecho durante las últimas tres décadas –las de su obsesiva “era neoliberal”, a la cual atribuye todos los males históricos del país–, la Suprema Corte reformada por Zedillo puede ser un objetivo no declarado, añorante como es el gran líder de los tiempos de centralidad absoluta del Poder Ejecutivo. En aquella Arcadia idílica de los tiempos previos a la llegada al poder de los conservadores, la del desarrollo estabilizador durante el que vivió su infancia y adolescencia en e Edén tabasqueño, la Suprema Corte era un órgano en manos de la justicia presidencial, privilegio monárquico del Señor del Gran Poder sexenal.
También es probable que no se trate más que de una maniobra de politiquería electoral, con la que pretende darle causa a su base de apoyo, a los fieles de la “4t” que no pertenecen a las redes clientelistas de Morena y no son beneficiarias pasivas de sus programas sociales. Se trata de redes de activistas estudiantiles y de ciudadanos bien intencionados que se movilizan por las causas que el caudillo les propone, ya sea preferir un lago a un aeropuerto, clamar por el agua contra una cervecera o montar un juicio popular contra los expresidentes. Los seguidores de consignas que siguen creyendo en el mensaje redentor, pero que necesitan un estímulo para movilizarse. De ahí la pretensión de la consulta coincidente con las elecciones: López Obrador necesita ser un tema de la contienda, pues Morena no es una marca realmente movilizadora.
Si la Suprema Corte falla contra la consulta, López Obrador podría promover otra de sus falsos referendos, e intentar que se instalaran mesas de votación paralelas. En ese caso, sería responsabilidad del INE y del Tribunal determinar su improcedencia por interferir evidentemente con el proceso electoral. El riesgo es que el TE, con su propensión a prevaricar, capturado como parece estar por el Consejero Jurídico de la Presidencia, permita la instalación el mismo día de la elección de esas mesas de consulta.
Con la mera presentación de la propuesta de consulta formal, López Obrador ya mostró su intención de controlar a toda costa el proceso electoral de 2021. Estamos ante un escenario como el que no habíamos vivido desde la elección de 1991, cuando Salinas puso en marcha una operación basada en el Programa de Solidaridad para garantizar el voto de los más pobres, en una abrumadora campaña publicitaria y en un dispendio de recursos ingente a favor de su partido para arrasar en la elección. Es probable que las elecciones de próximo año sean las más inequitativas desde entonces, ahora con el agravante de unos partidos de oposición sumidos en una profunda crisis, reflejo de su fracaso.
Los antídotos al intento de López Obrador de usar movidas truculentas para garantizarse la mayoría en el Congreso, y llevar a sus validos a los gobiernos locales en disputa, serán la crisis económica y los efectos de la austeridad presupuestal: si bien los beneficiarios de los programas sociales pueden mantenerse leales, la cobertura de estos no es universal y millones de mexicanos están sufriendo los efectos económicos del desastroso manejo de la pandemia. En medio de una crisis brutal y sin gasto público que no sea para las mega obras y los programas sociales, puede perder el Presidente el monopolio de la representación del rencor en manos de nuevos demagogos o provocar una abrumadora abstención.
El escenario es lúgubre. Los partidos opositores, desprestigiados e inmóviles, solo atinan a tratar de revivir el caduco frente que fue incapaz de construir una opción atractiva en 2018. Solo Movimiento Ciudadano parece estar dispuesto a construir una gran alianza por la democracia y los derechos con las organizaciones de la sociedad civil con causas progresistas, pero también acarrea lastres y tiene esqueletos en el armario. Con todo, es el resquicio que se abre para canalizar un programa capaz de disputar el lugar justiciero que el demagogo ha expropiado y para plantar los cimientos de un auténtico programa de izquierda, que ponga en el centro la justicia social sin azuzar el encono que 500 años de historia de abusos y privilegios han generado en la mitad desfavorecida de la sociedad mexicana contra la otra mitad, del que medra López Obrador.
Vía: Sin Embargo