POR EL LIC. GUILLERMO ARTEAGA GONZÁLEZ
Los movimientos estudiantiles siempre han sido un reflejo de las necesidades y descontento de una sociedad, en Guerrero, la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ha sido un emblema en esta lucha, sin embargo, a medida que pasan los años, las acciones de este movimiento han generado un debate en la opinión pública acerca de su legitimidad y su forma de operar.
Iniciado a raíz de la represión constante por parte del gobierno federal y estatal, los estudiantes normalistas buscaban justicia y un espacio para ser escuchados, nadie puede olvidar la trágica noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes desaparecieron en Iguala en un ataque y desaparición forzada, un acto que conmocionó a la nación y al mundo entero. La indignación y el clamor por justicia llevaron a la sociedad a solidarizarse con el movimiento, exigiendo respuestas y justicia. Pero, como suele suceder con muchos movimientos de protesta, los métodos y tácticas empleados por algunos de sus miembros han desdibujado su causa original, generando el rechazo por parte de la sociedad, misma que se ve afectada en sus actividades diarias por culpa de los bloqueos, saqueos y vandalismo que de forma constante han practicado en diferentes partes del estado de Guerrero.
Las prácticas de recaudación de fondos, que en ocasiones han incluido la toma de autobuses y camiones, los bloqueos carreteros, e incluso saqueos a empresas privadas, han sido acciones que, si bien pueden entenderse en un contexto de desesperación y lucha, han generado animadversión en una parte de la población, muchos se preguntan si estas tácticas radicales son la forma adecuada de buscar justicia o si por el contrario, dañan la imagen del movimiento y alejan a posibles aliados. Es válido señalar que las tácticas de presión hacia el gobierno tienen su razón de ser, en un país donde las voces disidentes a menudo son ignoradas, la presión se convierte en una herramienta, luego entonces, cuando esta presión afecta a terceros, su efectividad y legitimidad se ven cuestionadas, terminando con el apoyo que en algún momento se vio reflejado por parte de la sociedad y otros colectivos sociales.
Es innegable que la causa de Ayotzinapa es justa y necesaria, pero para que un movimiento logre sus objetivos y mantenga el apoyo del pueblo, debe reflexionar constantemente sobre sus acciones y estrategias, el desafío para los normalistas es encontrar el equilibrio entre la lucha y la legitimidad, garantizando que su mensaje no se pierda en el ruido de acciones controvertidas y radicales, sin perder el grito y el objetivo de justicia hacia el gobierno.
La búsqueda de justicia para los 43 estudiantes desaparecidos y para todos los estudiantes normalistas reprimidos no debe ser olvidada ni minimizada, pero es fundamental que los líderes y miembros del movimiento reflexionen sobre la percepción pública y ajusten su estrategia, para que su causa no se vea eclipsada por acciones que alejan a la sociedad en lugar de atraerla hacia su lucha.
Pero es clave recálcala, que es evidente que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado pendientes importantes promesas, entre las más relevantes, destaca el esclarecimiento de la verdad detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esta promesa no fue solamente un compromiso político, sino una demanda humanitaria y una queja de justicia que resonó en el corazón de muchos mexicanos. La esperanza se renovó cuando, en campaña, López Obrador prometió frente al pueblo de Guerrero y ante los padres de los 43 desaparecidos que desmentiría la llamada “verdad histórica” propuesta por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aquella versión, ampliamente criticada y considerada insatisfactoria, sostenía que los estudiantes habían sido asesinados y sus restos incinerados en un basurero por miembros del crimen organizado.
Después de desmentir la llamada “verdad histórica” propuesta por el gobierno en turno, se esperaba un enfoque renovado, transparente y efectivo en la investigación, sin embargo, Alejandro Encinas y su equipo han presentado una versión que, según los padres de los normalistas y su representante legal Vidulfo Rosales, se asemeja preocupantemente a la narrativa anterior.
Tildar esta nueva versión como una “nueva verdad histórica” no es solo un juego de palabras, es una crítica punzante sobre cómo el actual gobierno, pese a sus promesas, parece estar siguiendo un guion previamente establecido, la reciente narrativa también sugiere que entre los estudiantes había infiltrados y que la disputa subyacente fue entre bandas del crimen organizado, un argumento que, más allá de su veracidad, desvía la atención de las posibles complicidades y negligencias de las autoridades y, particularmente, del papel que pudo haber desempeñado el ejército en la desaparición forzada.
La insistencia en eximir al ejército de cualquier responsabilidad, sin una investigación exhaustiva que lo respalde, genera más preguntas que respuestas, es una postura que, lejos de generar confianza, aviva las sospechas de un posible encubrimiento o, en el mejor de los casos, de una investigación incompleta.
La sociedad mexicana, y en especial las familias de los 43, merecen respuestas claras, transparentes y basadas en investigaciones sólidas, es necesario que el gobierno de López Obrador tome con la seriedad y compromiso necesarios este caso, no solo como una promesa de campaña, sino como un deber ético y moral ante un país que clama por justicia.
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