Guadalupe Correa
En México no se procura la justicia.
Este jueves pasado, 23 de septiembre, me enteré de una noticia que me dio esperanza [aunque esta se esfumó después de un par de días]. Creí entonces que en este país, después de mucho luchar, seguir los lineamientos que marca la ley, proporcionar pruebas contundentes, acudir a las instancias necesarias—y aunque no cuentes con los privilegios de los hombres más ricos y poderosos de México—es posible acceder a la justicia, aún después de haber pasado por un tortuoso proceso. Ese día me enteré por los medios que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región ordenó dejar insubsistente la sentencia contra Jorge Fernández González por el presunto asesinato de su esposa, María del Pilar Garrido Santamans, de nacionalidad española. Dicha sentencia infame fue dictada y ratificada por el poder judicial de Tamaulipas.
En otras palabras, los “magistrados del órgano judicial federal consideraron que el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Sexta Región Judicial de Tamaulipas declaró la culpabilidad sin pruebas contundentes y se basaron en percepciones de los elementos policiacos y judiciales aportadas por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía tamaulipeca, Mireya Maldonado Villegas” (Elefante Blanco, 23 de septiembre, párr. 2). No puedo describir mi sentimiento de optimismo al leer esa noticia pues ya antes había revisado los documentos más importantes del caso, así como los testimonios de las familias de Jorge y Pilar. Por todo esto y el contenido del material revisado, creo en la inocencia del acusado. Este es un caso no muy complejo si nos ceñimos a las evidencias presentadas por la defensa de Jorge Fernández, a las múltiples irregularidades que se detectan en la integración del expediente y al penoso papel que ha jugado la fiscalía estatal en este caso—según lo muestran los documentos a los que tuve acceso.
El asunto parece más claro—y la sentencia condenatoria de Jorge pierde rápidamente sustento—si uno revisa los expedientes, analiza las pruebas presentadas por ambos lados (la fiscalía y la defensa) y escucha los testimonios de los familiares de la víctima. Incluso la mamá de Pilar escribe una carta diciendo que “confía en Jorge” y que lo conoce bien; es decir, según este documento, parece ser que ella cree plenamente en la inocencia de quien fuera su yerno (véase
No obstante todo lo anterior—y después de la decisión del tribunal federal mexicano que, según entiendo, anula la sentencia que condenaba a 47 años de prisión a Jorge Fernández—el 25 de septiembre nos cae como un balde de agua fría una nota que señala que la Fiscalía General de Tamaulipas sostiene la culpabilidad de Fernández González en el asesinato de Pilar Garrido. Por un lado, no sorprende la reacción, dada la gravedad de estos hechos que colocarían a la fiscalía estatal tamaulipeca y a todos los responsables de esta atrocidad, en una situación además de bochornosa, plagada de acciones dolosas y de absoluta ilegalidad.
Todo este caso apesta por diversas cuestiones. El evento que nos compete y por el cual está privado de su libertad Jorge Fernández ocurre en los tiempos dorados de un gobernador que aspiraba a ser Presidente de México y que presumía con los extranjeros sus supuestos logros en torno al tema de la seguridad en Tamaulipas. El olor se hace más fétido cuando consideramos otros muchos casos de personas que han sido consignadas por la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas sin pruebas contundentes y por motivos que podrían más bien considerarse políticos o estar guiados por intereses de otro tipo. Entre los casos más sonados están los de los periodistas Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra y Gabriel Garza Flores (este último muerto en prisión), Jonathan Rodríguez Cabanne, Susana Prieto Terrazas, entre otros muchos casos. Estos últimos no han recibido extensa cobertura mediática, pero muchos siguen sin ser resueltos o el veredicto respectivo parece haberse dado bajo condiciones escalofriantes de fabricación de pruebas, torturas, testimonios falso y faltas gravísimas al debido proceso. Esto se verifica en diversos testimonios y breves reportes en medios de comunicación locales y nacionales. Recordemos que el Fiscal General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, fue el autor principal del llamado “Michoacanazo” en tiempos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
En Tamaulipas, según lo dicho en muchos espacios, por muchas víctimas y a través de muchos medios, “se fabrican culpables”. En eso coinciden una gran cantidad de personas con las que hemos conversado. No nos extraña porque sabemos que el fiscal general del estado fue artífice del Michoacanazo—aquella ocasión cuando se detuvo y se mandó a prisión a más de 30 servidores públicos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada que tuvieron que ser puestos en libertad por no acreditarse las pruebas de su culpabilidad. Mientras tanto, se oficializa un obsceno blindaje para proteger a este cuestionado personaje. El pasado 21 de septiembre, el Congreso de Tamaulipas aprueba en comisiones reformas inauditas a la Constitución para que Barrios Mojica se pueda mantener en el cargo hasta el 2025 y pueda reelegirse por siete años más. El autor del penoso Michoacanazo—en un estado donde no existe la justicia y donde se fabrican culpables sistemáticamente, según los múltiples testimonios recopilados—podría permanecer en su cargo hasta el 2032. Que penosa situación en un estado tan lastimado por el crimen organizado y la total impunidad.
Ahora que está de moda hablar de delincuentes que se organizan para cometer actos de corrupción o delitos graves de cuello blanco, recuerdo el caso de Emilio Lozoya Austin y su selecto grupo de socios o “secuaces”. Demasiada información se ha ventilado con respecto a las operaciones fraudulentas mayores del exdirector de Petróleos Mexicanos en contubernio con sus hombres de mayor confianza como Froylán Gracia Galicia o Arturo Henríquez Autrey y muchos otros de quienes se conoce—según diversas fuentes periodísticas—la existencia de expedientes que los ligan a actos masivos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ninguno de ellos ha pisado la cárcel y nunca se ha hablado de ello. En realidad se han olvidado estos casos y la atención se ha desviado hacia otros lados—también muy problemáticos (sin lugar a dudas), pero quizás menores considerando los montos del atraco. No existe comparación entre los presupuestos para promover la ciencia y la tecnología y la caja “chica” de PEMEX.
El mayor responsable del ‘megadesfalco’ a la nación cuando encabezaba Petróleos Mexicanos es Lozoya Austin, quien gozó de toda la protección de las autoridades mexicanas cuando regresó cómodamente a México de Málaga. Dicha comodidad pudo haberse debido, entre otras cosas, a la estrecha relación de su abogado en ese momento y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Con la información que contamos, resulta escandaloso que a su llegada a México, Lozoya Austin haya sido escoltado al hospital para ser atendido por anemia y problemas del esófago. Qué conveniente la supuesta enfermedad que lo libraría de una cárcel de máxima seguridad—atendiendo a los criterios del fiscal que ahora conocemos. De sus supuestos secuaces no se sabe nada. Ellos, según entiendo (y puedo estar equivocada), nunca fueron acusados de delincuencia organizada. Arturo, Froylán, Carlos, Rodrigo, Miguel, Alejandro, et al. están tranquilos en su casa.