Rubén Martín
Jalisco vive días aciagos. Días de asesinatos a manos de policías, represión, desapariciones forzadas, infiltración del crimen organizado, y un movimiento social que resiste y cuestiona a un Gobierno autoritario.
El actual estado de movilización social, que ha sido reprimido por el Gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, hizo explosión la semana pasada tras que la reportera Tania Rosas diera a conocer que Giovanni López Ramírez, un albañil de 30 años, fuera entregado muerto el 5 de mayo tras ser detenido en la víspera por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por no traer cubrebocas (LatinUs, 3 junio 2020).
La noticia se extendió como reguero de pólvora en medios de Guadalajara y en redes sociales. Ese mismo día se convocó a la primera manifestación para el jueves 4 de junio.
La manifestación se convocó en el Parque Rojo, al este del centro histórico tapatío y de ahí partió hacia Palacio de Gobierno. La indignación que causó el asesinato de Giovanni López se manifestó en ira y rabia con pintas, consignas y pronto derivaron en daños al edificio de Palacio, la quema de dos patrullas, enfrentamientos con la policía y el lamentable hecho de que una persona prendió fuego en la espalda de un agente municipal. La manifestación y la trifulca se tradujo en la detención de 28 personas, siete de ellos menores de edad.
El mismo jueves se citó a otra manifestación. Inicialmente se convocó afuera de Casa Jalisco, que es el inmueble que sirve de residencia oficial al Gobernador en turno. Pero en demanda de liberación de los detenidos se cambió la sede de la protesta a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Zona Industrial al sur de Guadalajara.
Pero ocurrió algo atroz. Alguien desde el Gobierno ordenó un dispositivo represivo que apenas es comparable a otros episodios negros de los derechos humanos en Jalisco y en México. Mediante este operativo represivo se detuvo a decenas de personas de manera ilegal por parte de presuntos policías (iban vestidos de civil y sin identificar) armados con maderas, bates de beisbol, palos de golf, tubos y maderos grandes con los que se intimidó a todos y se golpeó a varios de los que pretendían asistir a la manifestación frente a la sede de la FGE.
Decenas de jóvenes (mujeres y hombres) fueron privados de la libertad ilegalmente, llevados a “perreras” que son las celdas de la Fiscalía, pero otros testimonios de detenidos hablan de otros lugares de confinamiento, lo cual podría ser indicio de la existencia de cárceles clandestinas. Muchos de los detenidos fueron liberados después de ser amenazados, golpeados y despojados de pertenencias en zonas alejadas de donde fueron levantados. Fueron al menos 28 personas a las que se les detuvo ilegalmente por parte de elementos de la Fiscalía. Un día después de los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) calificó estas acciones como desapariciones forzadas.
El operativo represivo duró alrededor de cuatro horas. Desde las 18:00 horas, hasta las 22 horas del viernes 5 de junio. Y fue antes de la 23 horas del mismo día que apenas se pronunció el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
A las 22:46 subió un mensaje en sus redes sociales para alegar que estaba enojado y frustrado por el operativo de elementos de la Fiscalía la que, recalcó, no depende de él. Según Alfaro, el dio la instrucción de “actuar con sensatez, con prudencia”, instrucción que fue desacatada por un grupo de personas de la Fiscalía estatal, quien “actuó de una manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”.
En la mañana del sábado 6 de junio, el Gobernador de Jalisco publicó un mensaje más amplio donde ofreció disculpas a la población por los hechos represivos del viernes, dijo que sería prioritario encontrar a las personas reportadas como desaparecidas, y anunció que se liberaría a todos los detenidos de las protestas del jueves y viernes.
Pero luego introdujo un elemento muy inquietante: dijo que el grupo de la Fiscalía que actuó en las detenciones sin el consentimiento del Gobernador y del Fiscal, aparentemente pudo hacerlo “por instrucciones de otra fuente”, y mencionó al crimen organizado.
Pero independientemente de estas disputas políticas y del deslinde de responsabilidades por los hechos represivos, el movimiento social que exige justicia para Giovanni, se mantiene activo. La tarde del sábado volvieron a marchar desde la Glorieta de la Minerva hasta Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad.
El reclamo de justicia por la muerte de Giovanni López sigue presente, al igual que la exigencia de poner fin a las arbitrariedades cometidas por las fuerzas policiacas de Jalisco.
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