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Editorial

Capitulación y derrota moral del Ejército

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asume la responsabilidad política -no podía ser de otra manera-, la inaudita rendición de los militares en Culiacán ante el amago de la delincuencia organizada ha provocado malestar al interior del Ejército mexicano.

No hay nada peor para un Ejército que ver a su Alto Mando rebasado en una operación militar. Porque eso fue la frustrada detención del ahora famoso Ovidio Guzmán, en la que participaron elementos de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, y de la Guardia Nacional, integrada en su mayoría por militares que llevan diferente uniforme y gafete.

Una batalla perdida de esa manera baja la moral. Y no faltan quienes entre los uniformados cuestionen el liderazgo tanto del jefe del Ejército, como el del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; es decir, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y el presidente de la República, López Obrador. Tal es la inconformidad que en los cuarteles se ha prohibido hablar del tema.

Después de casi 13 años de guerra, declarada o no, contra el narcotráfico, perder una batalla como lo hizo el Ejército mexicano, con ataques a su cuartel en Culiacán y amenazas a sus familiares en la zona habitacional castrense, echa por los suelos el ánimo de la tropa.

Cuando el expresidente Felipe Calderón decidió en diciembre de 2006 sacarlos de sus cuarteles en su guerra franca al narco, mucho se insistió en los costos que podría tener esa decisión para las Fuerzas Armadas, la población civil y el propio Estado mexicano, pues el presidente estaba recurriendo a la última línea de fuego de cualquier país.

Hoy sabemos que, rebasada esa última línea, lo que queda es la capitulación. Tal y como ocurrió en Culiacán el jueves 17, cuando civiles armados demostraron sus capacidades tácticas y estratégicas, anulando en ese centro urbano el monopolio de la fuerza que antes tuvo el Estado mexicano.

Aunque al momento de repartir culpas el más señalado ha sido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el general Sandoval no es ajeno a la capitulación. Forma parte del gabinete de seguridad que acordó liberar a Ovidio Guzmán y solicitó el aval presidencial.

Si el operativo fue mal planeado, como justifica el gobierno, la responsabilidad también recae entonces en el Ejército, pues tropas de la Novena Zona Militar participaron en la detención. Esa jurisdicción castrense está bajo el mando del general Maximiliano Cruz Ramos. Su superior es el comandante de la Tercera Región Militar, el general Carlos Ramón Carrillo del Villar, quien rinde cuentas al general secretario.

En el gabinete de seguridad que propuso soltar al hijo del Chapo participa también el viejo amigo del presidente, el general en retiro Audomaro Martínez, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, institución llamada no solo a proveer información, sino a anticiparse a escenarios como el ocurrido.

La decisión de capitular en Sinaloa colocó a varios jefes militares en ese supuesto, aunque podrán alegar que cumplieron órdenes cuando el presidente otorgó su aval para entregar a los suyos al hijo del Chapo Guzmán.

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